El Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes autorizó la extinción de la Sociedad Mercantil Estatal Rumasa, S.A. El Gobierno ha considerado procedente autorizar la extinción de la sociedad, previa su liquidación, de conformidad con lo previsto en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
La extinción de la sociedad se produce 32 años después de que el primer Gobierno socialista procediera a su expropiación en 1983. Según el actual Ejecutivo, más de tres décadas después ha llegado el momento de proceder a su extinción definitiva tras haberse reprivatizado todas las empresas del grupo y haber gestionado las reclamaciones de los antiguos accionistas.
El 23 de febrero de 1983, mediante el Real Decreto-ley 2/83, el Gobierno expropió Rumasa, S.A., y las empresas que componían su grupo por razones de utilidad pública e interés social. Así, el 100% de su capital pasó a ser propiedad del Estado. Como es sabido, el Gobierno declaró su propósito de reprivatizar, una vez saneadas, las compañías expropiadas. Esa intención fue cumplida en 1990, con la venta del Banco de Expansión Industrial, última empresa con actividad, culminando, así, el proceso privatizador.
1.500 pleitos de los antiguos accionistas
La decisión de expropiar originó, entre otras consecuencias jurídicas y económicas, multitud de reclamaciones judiciales. Durante este período, por Rumasa, S.A., se ha mantenido una colaboración directa con la Abogacía del Estado para la defensa en los más de 1.500 pleitos que los antiguos accionistas han mantenido con la Administración del Estado.
En este sentido, el Ejecutivo destaca "el éxito respecto a los fallos obtenidos, todos ellos favorables a la Administración". En concreto y tras la desestimación por el Tribunal Supremo de las pretensiones de los antiguos accionistas de retasación de diversas sociedades del grupo, "se pone fin a un contencioso de más de treinta años y puede darse por concluido el objeto de la sociedad estatal Rumasa", informó el Gobierno el pasado viernes.
160 millones de euros en inversiones financieras
Actualmente, el principal activo de la sociedad son inversiones financieras a corto plazo y efectivo, por un importe aproximado de 160 millones de euros. El remanente de fondos que resulte tras la liquidación de la sociedad será ingresado en el Tesoro Público.
