Tras la reunión del Consejo de Ministros de ayer el Ejecutivo informó de su decisión de elevar a 196.087 millones de euros el límite de recursos disponibles para atender a la emergencia sanitaria del COVID-19 e impulsar la recuperación. Además, para dotar de mayor margen financiero a comunidades autónomas y ayuntamientos, no fija objetivos de estabilidad, solo déficits de referencia orientativos.
Dicha elevación supondrá un incremento del 53% con respecto a lo establecido para el año pasado. Es además la cifra más elevada jamás registrada en España. En concreto, los 196.097 millones de euros de límite de gasto no financiero del Estado, o techo máximo de recursos disponibles, para el ejercicio 2021, superan ampliamente los 127.609 millones de 2020. El objetivo de la medida atender al excepcional contexto actual derivado de la pandemia del COVID-19.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, explicó que estos dos pasos dan inicio a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo. Un proyecto presupuestario que, afirmó, «está llamado a poner las bases para el cambio de modelo productivo«, a hacer una España «más ecologista, cohesionada, justa y más formada», y que permita «canalizar los recursos procedentes de la Unión Europea».
Montero explicó que el límite de gasto denominado «homogéneo«, que permitiría la comparación con años anteriores, alcanza los 136.779 millones. El incremento está destinado, entre otras medidas, a cubrir las prestaciones del Ingreso Mínimo Vital, incrementar las partidas para la dependencia o reforzar el sistema educativo.
A esta cantidad se han sumado las aportaciones que se harán, mediante dos transferencias extraordinarias, de 18.396 y 13.486 millones de euros a la Seguridad Social y a las Comunidades Autónomas para el saneamiento de sus cuentas públicas.
Asimismo, se ha añadido un primer paquete de ingresos de 23.436 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del programa de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa-REACT-UE aprobados en el Consejo Europeo del pasado 21 de julio como respuesta a la crisis del coronavirus.
Suspensión de las reglas fiscales
El Gobierno ha decidido suspender las reglas fiscales para los años 2020 y 2021, por lo que «quedará anulada la senda de estabilidad actualmente vigente y no se aprobarán nuevos objetivos de estabilidad que acompañen al techo de gasto», señaló la ministra de Hacienda.
Montero calificó la medida de «extraordinaria» y recordó que es posible porque la Unión Europea ha permitido a los Estados miembro dejar “en paréntesis temporal” la senda de consolidación fiscal que se estableció antes de la crisis y porque la propia Constitución Española recoge esta posibilidad en su artículo 135.4, cuando señala que los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública podrán superarse “en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria”.
Estas circunstancias extraordinarias, según este mismo artículo, deben ser apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados, por lo que el Gobierno solicitará a la Cámara baja que declare que efectivamente concurren a causa de la pandemia del COVID-19.
Tasas de déficit de referencia
La portavoz del Gobierno advirtió de que el hecho de que no se acompañe al techo de gasto de una senda de estabilidad «no significa en ningún caso que este gobierno renuncie al principio de estabilidad presupuestaria», por lo que no se suspende ni la responsabilidad fiscal de las Administraciones Públicas ni el principio de prudencia en la estimación de los ingresos y gastos para elaborar sus respectivos presupuestos.
Por todo ello, dijo Montero, el Gobierno ha fijado unas tasas de déficit de referencia que sirvan como orientación y guía. El déficit de referencia para España en el año 2020 será del 11,3% y del 7,7% para 2021: «Es muy clara la intención del Gobierno de empezar a reducir el déficit ya desde el año que viene, aunque sin recortes, sino con una política que fortalezca el estado del bienestar».
El déficit de la Administración General del Estado será del 5,2% (ya que asume el coste de los 31.882 millones de las transferencias a la Seguridad Social y comunidades autónomas), de las Comunidades Autónomas del 1,1% y de la Seguridad Social, del 1,3%.
Las entidades locales tendrán un déficit de referencia aproximado del 0,1% y también podrán hacer uso de sus remanentes de tesorería este año y el que viene, gracias a la suspensión de las reglas fiscales.
