El Consejo de Ministros aprobó ayer el Proyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado, una norma con la que se pretende promover una verdadera cultura de la evaluación, mediante el establecimiento de una sistematización del análisis de las diversas medidas adoptadas y políticas puestas en marcha por el Ejecutivo.
Esta norma, que fue aprobada por el Consejo de Ministros en primera vuelta el pasado 19 de abril, ha pasado todos los trámites de audiencia pública y ahora será remitida al Congreso para su tramitación parlamentaria.
La pretensión del Gobierno con este proyecto de ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado es reforzar el valor de las evaluaciones de políticas públicas, avanzando en el proceso de institucionalización del análisis de tales políticas, promoviendo una verdadera cultura de la evaluación en la administración y sistematizando las evaluaciones ‘ex ante’ de las políticas públicas.
La norma, según el Ejecutivo, introduce un enfoque transversal, integral y participativo en las evaluaciones de políticas públicas y “se fortalecen las capacidades del sistema público de evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, proporcionando las herramientas para analizar el impacto de las políticas públicas en la ciudadanía, con un enfoque más amplio que el meramente presupuestario o vinculado al gasto”. Todo ello, “con el objetivo de mejorar la formulación de las políticas públicas, así como su implementación”.
Con esta ley se pretende implantar y fortalecer una organización básica para poder llevar a cabo la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, dotándola de estabilidad, calidad en su desempeño y universalidad en su ejercicio.
De esta forma, afirma el Gobierno que se cumple con las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Unión Europea de avanzar en el proceso de institucionalización de la evaluación de políticas públicas y de dotar a España de un marco normativo que regule la materia.
La aprobación de esta norma constituye uno de los hitos del Componente 11 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, relativo al refuerzo del sistema de evaluación de las políticas públicas.
La evaluación de las políticas públicas está consolidada como una herramienta de mejora y de aprendizaje de las acciones de gobierno, para favorecer la toma de decisiones, proponer eventuales correcciones y, en última instancia, para rendir cuentas a la ciudadanía. En este sentido, no se parte de cero, ya que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) cuenta con una dilatada experiencia en la revisión del gasto público. Sin embargo, con la nueva norma se trata de ampliar esta evaluación con un enfoque más transversal.
Novedades de la ley
La ley contempla una serie de elementos novedosos que conforman un mecanismo estable de planificación para toda la Administración General del Estado:
- Se diseñará un sistema de indicadores comunes para acometer el seguimiento, aplicable a la Administración General del Estado y que sirva de referencia para cualquier organismo o administración pública.
- La evaluación de políticas públicas se realizará por un equipo externo al órgano responsable de la política pública a evaluar. Además, la ley contempla el diseño de planes específicos de formación en evaluación de políticas públicas para los empleados públicos.
- Se pretende reforzar la evaluación ‘ex ante’, previo a la aprobación de las políticas públicas.
- Se emplearán los resultados de las evaluaciones para mejorar esas políticas.
- Se pondrán en marcha unidades de coordinación departamentales, encargadas de coordinar y efectuar el seguimiento de las actividades de evaluación de políticas públicas de cada Ministerio.
- Se establecen dos tipos de instrumentos para llevar a cabo la evaluación de políticas:
- Plan de evaluaciones estratégicas del Gobierno, de carácter cuatrienal y que será aprobado por el Consejo de Ministros tras su elaboración por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas.
- Plan de Evaluación departamental, elaborado por cada Ministerio. Tendrá una periodicidad bienal y contempla tanto la obligación de evaluación ‘ex ante’ y ‘ex post’ de las políticas de relevancia para cada departamento; y la obligación de efectuar un análisis intermedio en las políticas que duren cuatro años o más. Este Plan departamental será aprobado por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, tras su presentación a la Comisión Superior de Evaluación.
Creación de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas
La nueva norma contempla la creación de un organismo, la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, para coordinar, supervisar e impulsar el sistema público de evaluación y de acompañamiento, apoyo y tutela a los departamentos ministeriales.
Esta agencia se encargará de diseñar dos herramientas clave para avanzar en los procesos digitales de planificación, seguimiento y evaluación de cualquier acción pública: un servicio web común para todos los Departamentos para hacer el seguimiento de los indicadores de los proyectos; y un portal temático sobre evaluación, en el que se incluirá el portal de comunicación institucional, y que se constituirá como nodo digital de la red de expertos, y de renovación y refuerzo de los procedimientos y sistemas tradicionales de coordinación e intercambio de datos, así como de transparencia.
Para fomentar la coordinación entre las diferentes carteras del Gobierno se creará la Comisión Superior de Evaluación, un órgano colegiado interministerial de cooperación y participación en la Administración General del Estado.
Se propiciará la participación de la sociedad civil mediante la creación de un Consejo General de Evaluación, donde entidades, organizaciones y asociaciones ayudarán a la cultura evaluadora.
Objetivos finales
De esta forma, con esta norma se pretende que la evaluación de las políticas públicas sirva para hacer más eficaz la asignación de los recursos y para optimizar el proceso de toma de decisiones; para impulsar la innovación en las actuaciones del sector público, encaminadas hacia una gestión moderna y útil para solucionar los problemas y retos sociales.
Se pretende asimismo que la evaluación de las políticas públicas permita el control de responsabilidades y la rendición de cuentas; y contribuya a mejorar la situación de los retos de la sociedad, tales como la lucha contra la despoblación y la cohesión territorial, la igualdad de género, la sostenibilidad medioambiental, entre otros.