En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer, el Gobierno anunció por medio de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que esperarán a que el CGPJ nombre magistrados del TC para nombrar a los suyos. En principio la fecha de ayer martes parecía la señalada para que el Gobierno nombrase a los dos miembros del Tribunal de garantías que le corresponde.
De esta forma de momento el Ejecutivo no nombrará a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que les corresponde para reemplazar al presidente del órgano Pedro González-Trevijano y a Antonio Narváez que vencieron su mandato en junio hasta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre a los otros dos que le corresponde. En paralelo y en palabras de Llop, confían en que “en los próximos días” los vocales del órgano de gobierno de los jueces hagan su propuesta.
Llop mostró su convencimiento de que los miembros del Consejo son conscientes de la «altísima responsabilidad» que tienen en sus manos, por su «posición institucional», porque ellos «prometieron o juraron cumplir con la Constitución», añadió. Por tanto, continuó la titular de la cartera de Justicia, «esperaremos a esa renovación para proceder al nombramiento de los magistrados que corresponden al Gobierno».
Elección de sede para la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial
En otro orden de cosas, el Gobierno también aprobó ayer iniciar el procedimiento para designar la sede física de la futura Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). La iniciativa se enmarca en el compromiso de descentralización del sector público y de cohesión del territorio.
La creación de esta Agencia se contempla en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y cuenta con una partida de 5 millones de euros para su puesta en marcha en los Presupuestos Generales de 2022.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, explicó que la Comisión consultiva para la determinación de las sedes determinará los criterios de selección en el plazo de un mes. Una vez publicados en el BOE, las comunidades autónomas y las entidades locales que lo deseen podrán presentar su candidatura y la elección deberá realizarse en un plazo máximo de seis meses.
