El Consejo de Ministros modificó ayer el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto de la Renta de No Residentes al transponer una directiva de la Unión Europea contra la elusión fiscal.
La norma, que ha sido publicada en el BOE de hoy (Real Decreto-ley 4/2021), se refiere a las «asimetrías híbridas», que son aquellas que pueden darse entre un contribuyente situado en España y una entidad vinculada a este que se encuentra localizada en otro país cuando las propias entidades o las operaciones que realizan tienen una calificación fiscal distinta en España y en el otro país. El objetivo es evitar que se produzca una deducción del gasto en España si el correspondiente ingreso no tributa en otro país, la doble deducción del mismo gasto y otros supuestos que permitan utilizar estas estructuras como mecanismo de erosión de la base imponible y de traslado de beneficios.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró que la medida «no persigue incrementar la recaudación tributaria sino prevenir conductas que puedan dar lugar a una disminución mediante elusión fiscal«. Además, dijo, permitirá avanzar a un sistema «más justo, redistributivo y progresivo para que cada cual pague según su capacidad y reciba según su necesidad».
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Metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico
Por otra parte, la reunión de la mesa interministerial dio luz verde vía Real Decreto a la metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico. Junto a los peajes -fijados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)-, los cargos componen la parte regulada de la factura de la luz de todos los usuarios, que se suma al coste de la energía consumida. Los cargos financian el régimen especial de energías renovables, la cobertura del déficit de años anteriores y la compensación del sobrecoste de la generación en territorios no peninsulares.
María Jesús Montero explicó que el Real Decreto aprobado asume la misma estructura tarifaria, por niveles de tensión, que la fijada por la CNMC, aportando simplicidad y coherencia al sistema. Los nuevos peajes y cargos, precisó, entrarán en vigor el próximo 1 de junio para que todas las empresas tengan tiempo de prepararse para poder implementarlo.
La combinación de ambos permitirá que la factura eléctrica tenga un mayor componente variable: el coste total dependerá en mayor medida de la energía consumida, “lo que hará que las medidas de ahorro y eficiencia repercutan más en el recibo del consumidor”.
Montero concretó que los consumidores con menos de 15 kilovatios (kW) de potencia contratada -que son la mayoría de los usuarios domésticos y pymes-, el 75% de los cargos se calculará en base a su consumo energético y el 25% restante será de término fijo, en función de su potencia contratada. La nueva norma solo fija la metodología de los cargos; su cuantía se establecerá por orden ministerial, cuyo proyecto se encuentra en audiencia pública hasta el 18 de marzo.
