Reunido en Consejo de Ministros, el Gobierno decidió el pasado viernes plantear ante el Tribunal Constitucional (TC) un conflicto de competencias a la Generalidad de Cataluña referente al Decreto autonómico que modifica la demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña. El Decreto, que lleva a cabo cambios generales en la demarcación de los registros ubicados en Cataluña, queda suspendido por haber sido dictado careciendo de competencias.
A propuesta del titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, la mesa interministerial del viernes pasado acordó plantear ante el Tribunal Constitucional (TC) un conflicto positivo de competencias al Gobierno de la Generalidad de Cataluña referente al Decreto 69/2015, de 5 de mayo, por el que se modifica la demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña (publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 de mayo de 2015 y vigente desde el 8 de mayo). Este Decreto reforma la demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de esta Comunidad Autónoma. El acuerdo solicita invocar el artículo 161.2 de la Carta Magna, a fin de que se suspenda el Decreto y no se produzcan los perjuicios que de su puesta en marcha derivarían para el organigrama y el funcionamiento de los registros citados.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó en la rueda de prensa ofrecida después del Consejo de Ministros que el Decreto catalán "plantea asuntos sobre los que la comunidad autónoma no tiene competencias normativas de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía". Sostuvo la vicepresidenta que la unidad del sistema registral español es una de sus "fortalezas" y lo que da "seguridad jurídica" a los propietarios de todo tipo de bienes.
El Decreto 69/2015, que será objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional, lleva a cabo cambios generales en la demarcación de los registros ubicados en Cataluña. Dichos cambios se realizan con criterios propios para la supresión, reagrupación y modificación de distritos hipotecarios. La reforma incluye figuras nuevas e incorpora reglas sobre el funcionamiento de los registros, aspectos acerca de los cuales Cataluña carece de competencias, tanto desde el punto de vista de su Estatuto de Autonomía como de la propia Constitución.
En materia de demarcación registral, Cataluña sólo tiene competencias ejecutivas, de forma que las demarcaciones registrales y notariales que determine habrán de respetar los criterios fijados por la legislación estatal, garantía de la unidad del sistema registral, tal y como lo ha señalado el TC en repetidas ocasiones. En este caso, sin embargo, la demarcación establecida por la Generalidad no obedece a ninguna regla previamente determinada por el Estado en el correspondiente instrumento normativo.
