El Gobierno vasco aprobó ayer su proyecto de Ley de reconocimiento y protección de las víctimas del terrorismo con el fin de establecer un sistema de prestaciones que vaya "más allá de la dimensión económica" con el fin de reparar y aliviar los daños de los damnificados de una forma "integral". El texto, que contiene escasas modificaciones respecto al borrador presentado el pasado mes de junio, contempla tanto ayudas por daños materiales y prestaciones sanitarias, como medidas de reconocimiento moral, como homenajes.
El documento se remitirá ahora al Parlamento vasco para su tramitación, en la que el consejero de Interior, Javier Balza, que presentó ayer el texto, expresó su voluntad de lograr el mayor "consenso" en torno a la ley.
El documento, que constata "el inmenso dolor y sufrimiento" causado por "la violencia terrorista de ETA, fundamentalmente, aunque también del GAL y de grupos de extrema derecha", establece que las instituciones "deberán respetar en su actuación diaria el derecho de las víctimas del terrorismo y del conjunto de los ciudadanos a la paz, la verdad, la memoria, la dignidad, la justicia y la reparación de las consecuencias de los atentados terroristas".
A preguntas de los periodistas sobre las críticas de algunas asociaciones y partidos políticos a la actitud del Ejecutivo hacia los damnificados, defendió la actuación del tripartito en este campo, para lo que destacó la celebración del primer homenaje a las víctimas y subrayó su "trabajo sincero" con los colectivos de damnificados.
El proyecto, aprobado con retraso, puesto que, el pasado mes de octubre, el Parlamento instó al tripartito a que se lo remitiera antes del inicio de este año, abre la posibilidad de que incluso colectivos de víctimas de otras zonas del Estado, además de los ubicados en Euskadi, puedan recibir ayudas del Gobierno vasco, siempre que acrediten que entre sus miembros hay personas que sufrieron ataques terroristas en Euskadi.
"DOBLE DIMENSION"
Según explicó el consejero, la ley que pretende aprobar el Gobierno tiene "una doble dimensión". Por una parte, "la estrictamente material o asistencial", y, por otra, "la moral o política".
Entre las medidas que incluye el proyecto para la asistencia "integral" a los damnificados, se incluyen aportaciones para compensar los daños en viviendas y vehículos producidos por atentados. También se subvencionará la instalación de sistemas de seguridad en los domicilios, locales o vehículos de personas o colectivos amenazados. El texto regula las compensaciones por daños en negocios o en sedes de partidos, sindicatos u organizaciones sociales.
ATENCION SANITARIA
En cuanto a las medidas sanitarias, se garantiza que las personas que hayan sufrido daños personales físicos o psicofísicos "tendrán acceso a cuantas prestaciones sanitarias sean necesarias para recuperar lo mejor posible las condiciones físicas anteriores" al atentado que hayan podido sufrir. En el caso de que fuera necesario un tratamiento (físico o psicológico) que no tuviera cabida en la sanidad pública, el Gobierno correrá a cargo de los gastos que éste pueda ocasionar.
Las prestaciones incluyen el campo de la enseñanza, en el que, entre otras ayudas, se contempla la exención de tasas académicas a las víctimas y a sus parejas e hijos.
VIVIENDA Y EMPLEO
En el ámbito de la vivienda, se otorgará a los damnificados condiciones de prioridad a la hora de optar a una vivienda de protección oficial y se les facilitará desclasificación de ésta o la permuta de su piso de precio libre si precisan de un cambio de domicilio "motivado exclusivamente por circunstancias que tengan que ver con su condición de afectado por el terrorismo".
La Administración fomentará la contratación de las personas que tengan dificultades de inserción laboral como consecuencia de un acto terrorista, para lo que se creará una línea específica de ayudas económicas. En el caso del empleo público, se reservará un porcentaje de plazas para damnificados.
De todas formas, la normativa subraya que "la reparación tiene que ser integral e ir más allá de la mera dimensión económica, incluyendo aspectos inmateriales que persiguen no sólo la satisfacción de la víctima, sino el logro de una convivencia pacífica, la reconstrucción y la transformación social".
"DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA"
En esta línea, señala que la reparación "ha de ser un proceso y no un momento concreto en el que se llevan a cabo ciertos actos simbólicos". Por ello, se apuesta por "poner en marcha una acción permanente que consista en la deslegitimación radical de la violencia y en el reconocimiento explícito de que nunca ha existido justificación" para la misma.
Para ello, dentro del capítulo dedicado a los derechos de las víctimas, y concretamente en el epígrafe de 'Reparación', se contempla la celebración de actuaciones públicas destinadas a "proporcionar a las víctimas una satisfacción moral y restablecer públicamente su dignidad, reputación y derechos". De esa forma, se incluye el compromiso de promover homenajes, instalar monumentos e introducir testimonios de los damnificados en proyectos de educación por la paz.
PINTADAS
Por el contrario, en el epígrafe de 'Dignidad' se defiende la necesidad de garantizar la seguridad, el bienestar físico y psicológico de las víctimas y de sus familiares. Así, el texto propone que se investiguen los actos públicos que, "pudiendo ser constitutivos de delito, entrañen descrédito, menosprecio o humillación" a estas personas. De forma específica, plantea actuar "contra las pintadas y carteles de tal índole".
Dentro del capítulo de derechos también se incluye el compromiso de acompañar a los damnificados a los juicios a los que acudan en su condición de afectados. Además, en el capítulo de 'Verdad y memoria', se establece la creación de comisiones de investigación en el Parlamento vasco para esclarecer violaciones de derechos humanos cuando "la gravedad o la magnitud" de los hechos lo exija.
En el documento se indica que y a partir de la entrada en vigor de la ley, el Gobierno abrirá un plazo extraordinario de seis meses para que las personas que no pudieron acogerse a las prestaciones vigentes en el momento en que sufrieron el atentado terrorista por haber presentado la solicitud fuera de plazo, puedan volver a pedirlas.
El ámbito de aplicación de la ley abarca a aquellas personas que sufran o hayan sufrido actos terroristas o que traten de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana, "aún cuando los responsables no estén formalmente integrados en grupos o bandas constituidas con tal fin pero tengan el mismo propósito".
Las medidas previstas en la normativa se aplicarán cuando los hechos se cometan en la Comunidad Autónoma Vasca o cuando, pese a haber ocurrido fuera de ella, la persona afectada esté domiciliada en Euskadi.
