En el ámbito de la Justicia, el Gobierno también analizado en su reunión de ayer el Anteproyecto de Ley por el que se regula el Procedimiento de Evaluación de la Edad. El objetivo de la norma es que la autoridad judicial pueda determinar si una persona es mayor o menor de edad cuando, al carecer de documentación, existan dudas sobre ello.
Pilar Llop afirmó que con esta medida el Ejecutivo da «un salto adelante para garantizar la dignidad de cualquier joven que llegue a España con o sin documentación porque se van a acabar todas las pruebas invasivas para determinar su edad».
En este sentido, la ministra precisó que no se permitirá que se hagan desnudos integrales, inspecciones ginecológicas ni cualquier otra prueba que atente contra la dignidad de los jóvenes.
El procedimiento de determinación de la edad deja de tener carácter administrativo y se convierte en un procedimiento exclusivamente judicial, mucho «más garantista, ágil y simplificado«, según explicó Llop. Podrá ser solicitado por el Ministerio Fiscal, por las entidades públicas encargadas de la protección de los menores, por el propio menor o persona interesada. La persona afectada será escuchada e informada y tendrá derecho a la asistencia jurídica gratuita aunque tenga recursos suficientes para litigar.
La ministra precisó que el procedimiento se resolverá en un plazo máximo de 25 días mediante sentencia, que se inscribirá en el Registro Civil y tendrá efectos plenos en los ámbitos público y privado.