El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha estimado la demanda incidental de recusación contra la Agencia Tributaria como miembro de la administración concursal presentada por la asociación de consumidores Ausbanc el 24 de julio de 2006 y a la que se adhirieron los antiguos responsables de Afinsa, según informó hoy Ausbanc en un comunicado.
La sentencia, notificada el viernes a las partes y que podrá ser recurrida, ha aceptado las alegaciones de los demandantes que pedían su destitución al haber sido denunciante de los hechos ante el Ministerio Fiscal, circunstancia que dio inicio al proceso penal, y por haber emitido el informe que se acompañaba a dicha denuncia en relación a la actividad de Afinsa.
El juez da un plazo de un mes para el nombramiento del sustituto de la representante de la Agencia Tributaria en el concurso, Ana Fernández Daza, sin especificar quién será el nuevo administrador.
La sentencia se acoge al art 219.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece como causas de recusación de los peritos, entre otras, "ser o haber sido denunciante, querellante o acusador de cualquiera de las partes" y "tener interés directo o indirecto en el proceso".
En la vista oral celebrada el pasado 19 de febrero, tanto Ausbanc como los antiguos gestores de la filatélica solicitaron la destitución de la Administración por la contradicción que suponía la presencia de Hacienda como administrador de un concurso en el que está presente a su vez como acreedor y deudor, por haber sido denunciante ante la Fiscalía y no representar a los acreedores al ser juicio y parte del proceso.
El abogado del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, defendió que la denuncia se produjo "en defensa de los intereses generales" y que Hacienda "no ha participado en ninguna investigación judicial".
Por su parte, el representante de la administración concursal defendió que Hacienda "no es denunciante, sólo es la autora del informe que motivó la intervención". Dicho informe, elaborado por la inspectora María Teresa Yabar, fue la raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra las filatélicas y que motivó la intervención judicial del 9 de mayo de 2006 contra éstas acusadas de actuar como empresas financieras y de captación de ahorro masivo.
