El Consejo de Ministros aprobó en su sesión de ayer el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, en que se prevé una partida destinada al Ministerio de Justicia de 2.014 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,6 % con respecto a la cantidad consignada para el presente 2020 (1.871 millones de euros). Por tanto, el incremento se fija en 143 millones de euros.
En materia de Justicia el Proyecto de ley también contempla una partida de 73 millones de euros destinada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano rector de los jueces ve así incrementado el presupuesto de 2020 en 8 millones de euros, lo que supone un aumento del 12,1 % con respecto a 2020. Por último, el Tribunal Constitucional incrementa su presupuesto en un millón de euros, con una partida asignada de 27 millones (un 12,1 % más).
Con motivo de su presentación, el Ejecutivo calificó ayer su propuesta de cuentas públicas de “expansivas” ya que “recogen el mayor gasto social de la historia. Su contenido está orientado a combatir los efectos de la crisis derivada de la emergencia sanitaria mediante el blindaje del Estado del Bienestar, que se ha revelado como la mejor red de seguridad de los ciudadanos durante esta pandemia”.
Mayor presión fiscal
Añade que los Presupuestos de 2021 “también son compatibles con el inicio de una senda de consolidación fiscal”, que se traduce en incrementar el gravamen en distintos tipos contributivos. Así, se recoge en el IRPF un aumento de dos puntos a las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros. Este incremento solo afecta al 0,07 % de los contribuyentes. Asimismo, se incrementa en tres puntos las rentas del capital a partir de los 200.000 euros, lo que afectará a solo el 0,08 % de los declarantes. Ambas medidas afectan a unos 36.000 contribuyentes, el 0,17 % del total.
En el IRPF también se revisa el límite de las reducciones de la aportación a los planes de pensiones. En concreto, se reduce de 8.000 a 2.000 euros el importe de aportaciones máximas del partícipe a planes individuales o de empleo. No obstante, el límite conjunto de reducción (aportaciones del partícipe y de la empresa) se amplía de 8.000 euros a 10.000 euros.
Por otra parte, se prorrogan para 2021 los límites vigentes para aplicar el régimen de módulos. Se trata de una medida “que pretende ayudar y mostrar sensibilidad con los autónomos en un momento de crisis”.
Los Presupuestos incorporan en el Impuesto sobre Sociedades reducir la exención del 100% al 95% por las plusvalías y dividendos generados por filiales en el exterior. Las compañías con un volumen de negocio inferior a 40 millones podrán seguir aplicando la exención del 100% por dividendos durante los próximos tres años. En materia de IVA se incrementa el gravamen del 10% al 21% a las bebidas azucaradas y edulcoradas, que solo afecta a la venta de estos productos en supermercados, pero la consumición en bares y restaurantes seguirá tributando al 10% “para no perjudicar a la restauración en un momento tan delicado como el actual”. Recoge además una reducción de la bonificación fiscal del diésel por medio de la modificación en el Impuesto sobre Hidrocarburos “para acercar la tributación del diésel a la gasolina”.
Además, las cuentas públicas también contemplan que el Impuesto sobre el Patrimonio tenga un carácter indefinido, de modo que no sea necesario prorrogarlo año tras año mediante una ley. De esta forma, “se aporta también seguridad jurídica sobre este tributo”. Además, se incrementa un punto el gravamen del último tramo, que pasa del 2,5 % al 3,5 %.
Nuevo marco regulatorio para el alquiler
La negociación de las cuentas públicas entre los dos socios de Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) se había topado con la dificultad de un nuevo marco regulatorio para el alquiler. En el Anteproyecto de ley se recoge que se destinan más de 2.250 millones para políticas que promueven el alquiler asequible, la construcción y rehabilitación de viviendas, un 25% más. No obstante, el acuerdo contempla llevar al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses la Ley de Vivienda que limitará, y eventualmente bajará, los precios de alquiler “en zonas de mercado tensionadas”.
Ingreso Mínimo Vital
Las cuentas públicas consolidan el Ingreso Mínimo Vital al destinar 3.017 millones de euros a esta prestación que recibirán 850.000 hogares cuando esté totalmente implementado. Asimismo, los recursos contra la pobreza infantil y la protección de las familias más vulnerables se incrementan en 60 millones, lo que implica un aumento del 59 %.
