La Comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara ha aprobado dos resoluciones que piden una legislación sobre la remuneración en el sector de servicios financieros y sobre la gestión de las crisis bancarias transfronterizas. Estas resoluciones se suman a las llamadas del Parlamento a la transferencia de más competencias ya que sería, según voces del Parlamento, la única manera de abarcar con eficacia una economía tan interdependiente como la de la UE.
En ambas resoluciones se pide a la Comisión que elabore propuestas legislativas que vayan más allá del modelo actual de recomendaciones, el cual sólo ha tenido un impacto limitado en el control de la acumulación de riesgo.
La primera resolución insta a que se programen normas vinculantes para regular la remuneración en el sector de servicios financieros y la divulgación obligatoria del salario de los consejeros en las empresas que cotizan en bolsa .
La segunda, sobre la gestión de crisis transfronterizas en el sector bancario, apuesta por establecer un marco de gestión de crisis de la UE caracterizada por la armonización, estricta coordinación, y en última instancia el desarrollo de una ley de la banca europea con un régimen en caso de insolvencia armonizado para la UE.
La resolución sobre las políticas de remuneración en el sector financiero y la remuneración de los consejeros de las empresas cotizadas sostiene que se necesitan medidas más estrictas para reducir los incentivos de asumir riesgos y evitar la necesidad de los contribuyentes y accionistas de recoger los costes.
La resolución entra en los sistemas de gobierno corporativo, e incluye un potencial control de los sueldos de los responsables de sociedades cotizadas por parte de los accionistas más fuertes. Asimismo, aboga por más poderes de supervisión, límites a los bonus, y garantizar un equilibrio entre las partes fijas y variables de una nómina.
¿Cómo evitar otro Fortis? mediante una mayor coordinación y planificación
El objetivo clave de la resolución sobre la gestión de crisis bancarias es establecer una estructura que garantice que las crisis se resuelven y evitar los rescates bancarios que cuestan al contribuyente centenares de miles de millones de euros. El creciente tamaño, complejidad e interconexión de los bancos implica que tal sistema debería establecerse, según la resolución, a nivel europeo.
El marco propuesto proporciona un conjunto mínimo común de reglas, favorece la convergencia nacional y las leyes de insolvencia y establece un régimen de insolvencia. Se darían más poderes de gestión de crisis a las autoridades de supervisión, incluido la posibilidad de cerrar un banco o imponer una venta total o parcial. Ello engrosaría las facultades de la naciente Autoridad Bancaria Europea (EBA).
Se propone también que cada banco tenga un "tablero de riesgos" basado en un conjunto de indicadores a diseñar por la Comisión con el fin de valorar los niveles de riesgo de los bancos individuales y contar con un sistema de alerta temprana de posible inestabilidad. Cada banco estaría obligado a tener su propio "plan de solución", que detallaría las medidas que deben adoptarse en caso de que tropiece con dificultades, a fin de evitar decisiones precipitadas.
Por último, el marco incluiría un fondo de estabilidad financiera de la UE para preservar la estabilidad bancaria en los momentos difíciles, y también una unidad de resolución dentro de la EBA a cargo de la reestructuración de los bancos.
