El Convenio de Lanzarote supone la adaptación de los sistemas penales de los países europeos para unificar criterios en el delito de abusos a menores. "En materia de prevención de este delito, el papel de la sociedad civil es determinante, en especial el de los operadores económicos", ha declarado el Ministro de Justicia.
El Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en representación de España, firmó ayer en Toledo el primer tratado internacional que tipifica como delito específico el abuso sexual a menores. Se trata del Convenio 201 del Consejo de Europa, denominado “Convenio de Lanzarote”, que ya han firmado 34 estados y al que ayer se sumaron España y Georgia. Entrará en vigor cuando lo firmen cuatro estados más. Su ratificación implica que, en este campo, los sistemas penales de los 47 estados miembros del Consejo de Europa se unirán.
En su discurso de inauguración de la Conferencia Internacional del Consejo de Europa, el Ministro Caamaño, tras destacar el compromiso del Gobierno de España en la protección jurídica del menor, ha adelantado que "el actual Anteproyecto de reforma del Código Penal, – que será enviado al Parlamento dentro de unos meses-, contempla tipos específicos de delitos relacionados con las agresiones y abusos sexuales contra menores de 13 años".
Según ha explicado el Ministro, "esta reforma legal en curso corregirá las deficiencias existentes en otras anteriores, relativas a la violencia sexual contra los menores de edad, a través de la creación de tipos específicos de delitos y de la inclusión de agravantes concretas para los supuestos de prostitución y pornografía infantil". Entre los citados nuevos tipos penales, ha dicho el Ministro, "se incluirá la captación de niños para que participen en espectáculos pornográficos".
Convenio 201
El Convenio de Lanzarote o Convenio 201 del Consejo de Europa, firmado ayer por España, tiene como objetivo prevenir los delitos sexuales a menores, perseguir a los autores de los abusos y proteger a sus víctimas. Contiene medidas como la llevada a efecto de programas de formación y concienciación, así como rutinas de trabajo en las aulas con niños de educación primaria y secundaria, para que aprendan cómo protegerse. Entre los servicios que contempla para atender a las víctimas y sus familias, destacan la creación de servicios de ayuda por teléfono o por Internet, y una adecuada asistencia psicológica, médica y legal. También establece procedimientos judiciales adaptados para proteger la seguridad, privacidad, identidad e imagen de los niños.
Además, promueve la cooperación del sector privado. Así, en el actual contexto de globalización y multiplicación de los contactos interpersonales por medio de las nuevas tecnologías, el Ministro de Justicia ha destacado "la importancia del sector privado en la búsqueda de una respuesta adecuada que permita no sólo reprimir las actividades delictivas contra los menores, sino fundamentalmente prevenirlas. En materia de prevención el papel de la sociedad civil resulta determinante, en especial, el de los operadores económicos".
Francisco Caamaño ha animado a todos los países miembros del Consejo de Europa a unirse al grupo de signatarios del Convenio para que entre en vigor cuanto antes y ha cerrado su intervención destacando la importancia del Consejo de Europa en su apuesta permanente por la cooperación internacional, así como el compromiso de España con esta institución en la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho.
