El Consejo de Ministros aprobado ayer la remisión a las Cortes de los Proyectos de Ley de Eficiencia Organizativa y de Eficiencia Procesal del Servicio Público de la Justicia. Ambas normas, junto con la futura Ley de Eficiencia digital, constituyen los pilares del Plan Justicia 2030.
La titular de Justicia, Pilar Llop, afirmó que estas normas serán los ejes de cohesión social y territorial, para que cualquier ciudadano pueda acceder de manera sencilla al servicio público de la justicia con independencia del territorio en el que resida: «Sobre estos cimientos estamos construyendo un auténtico servicio público universal, accesible, moderno, eficiente, ágil y sostenible».
En palabras de Llop, el objetivo del Gobierno es acercar las instituciones judiciales a los ciudadanos y que les sea más fácil acudir a los tribunales, no solo en las grandes localidades, sino en los pequeños municipios, así como evitar llegar a juicio cuando exista una controversia o un conflicto entre las partes.
Eficiencia organizativa
La nueva Ley de Eficiencia Organizativa contribuirá, en palabras del Gobierno, a superar las brechas de acceso público a la Justicia y refuerza el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. A juicio de la ministra, ayudará a sortear barreras territoriales y tecnológicas, de comprensión, generacionales y de salud: «Los órganos judiciales deben ser vistos como motores de desarrollo humano, social y económico, nunca como obstáculos de ese desarrollo».
La norma se sustenta en tres figuras: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en los municipios.
Pilar Llop aclaró que habrá un Tribunal de Instancia en cada partido judicial con sede en la capital, de la que tomará su nombre, pero se mantienen los juzgados donde están: «Lo que ocurre es que ahora se aglutinarán, evolucionarán a Tribunales de Instancia».
De esta forma, los 3.600 Juzgados de Primera Instancia pasarán a 341 Tribunales de Instancia en toda España. «Esos grandes órganos colegiados estarán sustentados por una Oficina Judicial, lo que permitirá que no haya justicia de distintas velocidades en el mismo territorio», precisó la ministra.
Por otra parte, con la norma se completará el proceso de implantación de la Oficina Judicial, que será una ventanilla de acceso único a la justicia para la ciudadanía.
Asimismo, Pilar Llop explicó que los más de 7.000 juzgados de paz existentes evolucionarán hacia Oficinas Judiciales Municipales, que estarán dotadas de los recursos tecnológicos necesarios para que cualquier ciudadano pueda realizar los trámites que necesite sin tener que hacer grandes desplazamientos. En estas oficinas se podrán celebrar juicios telemáticos, diligencias judiciales o conexiones por videoconferencia con los colegios profesionales.
Eficiencia Procesal
Por su parte, la Ley de Eficiencia Procesal tiene como finalidad agilizar la actividad de Justicia en términos estructurales, facilitar la cohesión social y contribuir a la sostenibilidad del sistema.
La ministra incidió en que se introducirán los medios adecuados para la resolución de controversias. Las partes en conflicto podrán acudir de buena fe para resolver dentro de sus propias capacidades la controversia o acudir con la intervención de un tercero neutral. «Se regularán expresamente no solo la mediación, sin la conciliación, la oferta vinculante confidencial, la opinión de experto independiente y la negociación directa entre las partes», avanzó Llop.
Las medidas contempladas en la norma, en opinión de la ministra, ayudarán a descongestionar los juzgados y serán un instrumento negociador y democratizador: «Las soluciones serán mucho más ajustadas a las necesidades de las partes, pero también más flexibles de lo que puede ser una sentencia o una resolución judicial».
