La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias recibió el viernes pasado el permiso del Consejo de Ministros para abrir el proceso licitador de un servicio de monitorización, seguimiento y vigilancia remotos de presencia, consumo de bebidas alcohólicas y posicionamiento geográfico de personas sujetas al control de Instituciones Penitenciarias. El contrato se adjudicará por tres años y está dotado con 34.682.879, 42 euros.
A propuesta del ministro del Interior, Alberto Fernández Díaz, el Consejo de Ministros del pasado viernes autorizó a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias convocar la apertura de un contrato de servicio dirigido a la monitorización, seguimiento y vigilancia remotos de presencia, consumo de bebidas alcohólicas y posicionamiento geográfico de personas sujetas al control de Instituciones Penitenciarias. La duración del contrato será de tres años desde la fecha en que se formalice, que Instituciones Penitenciarias cuenta que sea el 1 de septiembre de este año. Se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2015 a 2018.
El contrato tendrá un valor estimado de 34.682.879, 42 euros (sin IVA e incluyendo posibles prórrogas). Por su parte, el presupuesto de licitación es de 20.983.142,05 euros (con IVA y sin incluir prórrogas).
Con la puesta en marcha de este servicio, la Administración Penitenciaria podrá:
- Verificar continuamente la ubicación de la persona incluida en el programa y, en su caso, la presencia o ausencia en el domicilio si se tratase de un régimen domiciliario.
- Controlar el cumplimiento de las pautas, reglas y horarios establecidos.
- Saber si la persona sujeta a control ingiere alcohol.
- Acceder a datos actualizados a tiempo real de cualquier tipo de incidencia que afecte al cumplimiento del programa.
Proceso de licitación
El proceso licitador será el ordinario, es decir, todo aquél que esté interesado en prestar el servicio podrá presentar una propuesta. Se adjudicará por el procedimiento abierto, a quien haya aportado las condiciones más ventajosas conforme a los criterios establecidos en el pliego. Los contenidos de cariz económico son los más relevantes a la hora de adjudicar -un 50%-, aunque también interesa a la licitación los derivados de las mejoras tecnológicas que aporte la propuesta -un 40%- y el incremento en la capacitación de los funcionarios -un 10%-.
