La apertura del año judicial, celebrada solemnemente ayer, se ha convertido en un barómetro de la Justicia. Cándido Conde-Pumpido, Fiscal General del Estado, se refirió, en el capítulo de propuestas de modificación legislativa, a la reforma que se tramita en las Cortes del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; referida a la persecución en España de los delitos de lesa humanidad. A ese respecto, razonó que, en la actualidad, la Ley permite la “proliferación de procedimientos relativos a delitos producidos en lugares totalmente extraños y alejados, que se incoan sin perspectiva de eficacia alguna”, y a instancia de personas que en ocasiones no están relacionadas directamente con el hecho investigado.
El pasado mes de junio dábamos noticia del inicio de trámites para reformar el artículo 23 de la LOPJ, de modo que se eliminase la capacidad de la Audiencia Nacional para conocer asuntos no directamente concernientes a España o españoles.
Y a ello se refirió Conde-Pumpido ayer. Bajo su punto de vista, lejos de asegurar el fin perseguido, tal y como está la Ley, se permite la "proliferación de procedimientos relativos a delitos producidos en lugares totalmente extraños y alejados, que se incoan sin perspectiva de eficacia alguna", y a instancia de personas que en ocasiones no están relacionadas directamente con el hecho investigado. Ello supone un retroceso del principio de jurisdicción universal porque extiende la "sensación de impunidad e ineficacia del Derecho para dar solución a estos conflictos". Por ello, mostró su esperanza en que la reforma en curso termine siendo una realidad.
En este punto, el Fiscal General se refirió de forma contundente al concepto de "abuso de derecho" y reconoció que algunas de las causas que se presentan en la Audiencia Nacional buscan el fin "muchas veces legítimo y encomiable" de lograr la difusión mediática de situaciones que atentan contra los Derechos Humanos, así como la movilización de la acción política en aquellos lugares donde se cometen. Sin embargo, dichos fines "son objetivamente ajenos a la función jurisdiccional".
"Por eso, proponemos que el ejercicio de la Jurisdicción Universal de nuestros tribunales se vincule al requisito de que no exista o haya existido una efectiva investigación por los mismos hechos en el Estado donde hayan tenido lugar, y q que los que han de investigarse guarden algún tipo de conexión de naturaleza histórica, social, cultural, geográfica o jurídica con España que justifique y permita la intervención de nuestra Justicia", concluyó.
