La reunión del Consejo de Ministros celebrada el viernes pasado cerró el Acuerdo que reparte 6.000.000 de euros entre las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias de Justicia, conforme a los criterios establecidos en la Conferencia Sectorial del 8 de abril. Las Administraciones autonómicas tendrán que dedicar el dinero que reciban a la reforma de la Justicia, incidiendo en la asistencia jurídica gratuita, el uso de las nuevas tecnologías y la mejora de los medios materiales dentro de la organización judicial.
La Orden JUS/937/2015, de 22 de mayo, publica el Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado viernes que formaliza los criterios de distribución y las cantidades económicas a repartir entre las Comunidades Autónomas con las competencias de Justicia transferidas. Dicho Acuerdo reparte un crédito de 6.000.000 de euros incluido en los presupuestos del Ministerio de Justicia para 2015, dentro del Programa de Reforma de la Administración de Justicia. La Orden refleja lo acordado en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada el 8 de abril.
Las Comunidades Autónomas beneficiarias del crédito se comprometen a destinar el mismo a la reforma de la Administración de Justicia, y, en concreto, a la mejora de la asistencia jurídica gratuita, al impulso de las nuevas tecnologías, la dotación de medios materiales necesarios para el mantenimiento de la organización judicial y al incentivo de las mejoras que aumenten la calidad del servicio público, en los términos que se acuerden en los correspondientes convenios o resoluciones que se dicten al amparo del artículo 86.2.cuarta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Las Comunidades Autónomas beneficiarias son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco.
El Acuerdo de Consejo de Ministros tiene por objeto exclusivamente la distribución entre las Comunidades Autónomas con traspaso de medios materiales de las habilitaciones de gasto en que consiste el crédito presupuestario, así como su formalización, sin que en ningún caso pueda entenderse que el mismo implique ejecutar el citado crédito presupuestario, el nacimiento de ningún tipo de obligación económica con cargo a los Presupuestos Generales del Estado a favor de las comunidades autónomas, ni, en consecuencia, la existencia de ningún derecho de cobro de las comunidades autónomas frente a la Administración General del Estado o sus entidades públicas vinculadas o dependientes.
Cantidades que recibe cada Comunidad Autónoma. Fuente: BOE.
Criterios de reparto
Para distribuir el crédito se han tenido en cuenta los siguientes indicadores:
1. Número de expedientes tramitados de asistencia jurídica gratuita en cada CC.AA. (con cifras del año 2013).
2. Población (con datos de 1 de enero de 2014).
3. Litigiosidad (con datos de 2013).
4. Planta judicial (con datos de 1 de enero de 2015).
Posteriormente, se ha modulado en función de los objetivos, promediando su valor en un 50% cada uno.
Inversión en tecnologías
Con el dinero que reciben, y por lo que respecta al ámbito tecnológico, las Comunidades Autónomas deberán hacer inversiones hasta lograr los siguientes niveles de funcionalidad:
- Existencia de Sistemas de Gestión Procesal compatibles entre sí que permitan interoperar.
-
Logro de la digitalización de los trámites y gestiones en el proceso, así como
la conexión digital de las
oficinas judiciales con los diferentes actores que intervienen en los procedimientos. Esta integración
tecnológica permitirá, entre otras cosas,
remitir electrónicamente desde los juzgados y tribunales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad requisitorias
y medidas cautelares que precisen de su actuación.
