El Consejo General de la Abogacía Española, junto con Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica (Senasa), lidera la clasificación de instituciones y organismos del sector público con mayor grado de transparencia.
El Consejo General de la Abogacía Española, junto con Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica (Senasa), lidera la clasificación de instituciones y organismos del sector público con mayor grado de transparencia.
Aparte de las entidades e instituciones de la Administración Pública, la muestra se ha extendido a otras 16 entidades, entre las que se encuentra el Consejo General de la Abogacía, seleccionadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en función de la variedad establecida en el artículo 2.1 de la Ley de Transparencia con el objetivo de tener representadas todas las modalidades de organismos y corporaciones de carácter público o semipúblico.
Según la última memoria anual del Consejo de Transparencia correspondiente a 2016, entre las 16 instituciones u organismos de carácter público o semipúblico, el Consejo General de la Abogacía y Senasa ocupan el primer puesto, ambos con 9,75 puntos, seguidos de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF (8,90), Casa Árabe (8,56) y la UNED (8,55). Mientras que el último lugar corresponde a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo con 5,48 puntos.
La puntuación media obtenida por estos organismos se sitúa en 7,8 puntos. En general, la evaluación ha tenido unos resultados razonablemente positivos, según el Consejo de Transparencia, ya que los organismos presentan valores medios de cumplimiento situados en torno al 70% de los contenidos que la Ley de Transparencia considera obligatorios en materia de publicidad activa. Sin embargo, el cumplimiento dista mucho de ser homogéneo ya que hay organismos cuyo cumplimiento es inferior al 50% y otros que rozan el 100%, como es el caso de la Abogacía.
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES Y ENTES REGULADORES
En general, la evaluación realizada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha tenido unos resultados razonablemente positivos, ya que los organismos presentan valores medios de cumplimiento situados en torno al 70% de los contenidos que la Ley de Transparencia considera obligatorios en materia de publicidad activa.
En una escala de cero a diez, el Tribunal Constitucional obtiene 9,83 puntos, seguido del CGPJ (9,70 puntos), el Banco de España (9,43), la Casa del Rey (9,42), la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (9,39), el Defensor del Pueblo (9,31), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (9,28), el Tribunal de Cuentas (9,27) y el Consejo de Seguridad Nuclear (9,13).
Por debajo de los nueve puntos, el Senado ocupa la décima posición, con 8,62 puntos, casi tres décimas por encima del Congreso de los Diputados (8,33), que se sitúa en el puesto número 12, inmediatamente después de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (8,50). En la cola de la clasificación, pero sin entrar en zona de suspenso, el Consejo Económico y Social (CES) recibe una puntuación de 5,42, por detrás del Consejo de Estado (6,16) y la Fiscalía General del Estado (5,66).
El valor medio del índice de cumplimiento obligatorio de la Ley por los órganos constitucionales y de relevancia constitucional y los entes reguladores es muy alto, situándose en 8,50 puntos. El 66,66% de los organismos e instituciones evaluados (10 sobre 15) superan ese valor medio, habiendo obtenido nueve de ellos puntuaciones por encima de 9 y habiendo superado los dos primeros el umbral del 9,5.
Hay que decir, además, que los tres organismos puntuados con 8 (Senado, CNMV y Congreso de los Diputados) tienen en común la circunstancia de contar con portales web muy anteriores a la publicación de la Ley de Transparencia y necesitados de distintas actualizaciones y evoluciones técnicas, que soportan, además, numerosas aplicaciones en utilización constante por sus usuarios (senadores, diputados, Grupos Parlamentarios, instituciones financieras, profesionales, académicos, etc.). Esta situación ha dificultado la plena adaptación de las correspondientes webs institucionales a la normativa sobre transparencia, especialmente desde el punto de vista técnico.
