El Consejo General de la Abogacía Española ha reclamado el acceso de los presos a los servicios de justicia restaurativa en todas las comunidades autónomas durante las XXVI Jornadas de los Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria.
La Abogacía ha razonado que se trata de «una herramienta necesaria para abordar el daño que causa el delito y dar eficacia al tratamiento penitenciario».
También se ha pedido la creación de servicios de asistencia jurídica penitenciaria en los Colegios de la Abogacía en cuya demarcación exista un centro penitenciario, por ser «un recurso imprescindible y necesario para garantizar el derecho de defensa y de igualdad de las personas privadas de libertad».
Las conclusiones de las Jornadas también han señalado que es necesaria «la normalización del tercer grado penitenciario, convirtiéndolo en el régimen ordinario de cumplimiento» y ha recomendado que los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria asuman la competencia para resolver sobre la desestimación del ingreso directo en CIS o sección abierta, el cumplimiento de la pena privativa.
Además, El Consejo General de la Abogacía Española ha reclamado que el Ministerio de Justicia lleve a cabo «un plan de reformas legales respecto al sistema penológico, los límites de cumplimiento máximo efectivo y unas reglas de acumulación de penas que no dependan de la fecha de enjuiciamiento».
También ha pedido «una reforma del artículo 78 del Código Penal y de los periodos de seguridad de la prisión permanente cuya derogación se insta, que resulte compatible con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y conforme con la regulación de los países de nuestro entorno».
El documento final elaborado durante las Jornadas solicita también que «todos los organismos que operan en materia de vigilancia penitenciaria atiendan las recomendaciones del comité de prevención frente a la tortura, examinando con sentido crítico las decisiones adoptadas por la administración penitenciaria, no limitándose a refrendarlas».
Las conclusiones han sido leídas por Blanca Ramos y María Luisa Díez, miembros de la Subcomisión de Derecho Penitenciario de la Abogacía Española y Cipriano Arteche, decano del Colegio de Abogados de Ciudad Real, anfitrión de las jornadas.
