El caso lo llevará el despacho Cremades&Calvo-Sotelo y el abogado argentino Rodolfo Barra, ex Ministro de Justicia en el gobierno de Menem. Rodolfo Barra ha comentado a Legal Today que "el Estado ya posee una empresa de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos, Enarsa, por lo que no se precisaba de la expropiación a Repsol para que el Estado actuase en el mercado"
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) considera que “nos encontramos ante un acto arbitrario e ilegítimo, que está causando graves perjuicios a todos los accionistas de Repsol, y en especial a sus minoritarios, que están viendo caer el valor de la acción en los distintos mercados internacionales”. En defensa de sus intereses, los minoritarios de Repsol iniciarán distintas actuaciones legales en Argentina encaminadas a obtener la reparación de los daños.
Especialmente desean resaltar que cualquier actuación "de expolio", que no de expropiación con el pago del debido justiprecio será combatida ante la justicia, ya que "representa el atentado más grave que cualquier pequeño inversor puede sufrir".
En particular interpondrán una acción de amparo ante la jurisdicción ordinaria y una gestión conciliatoria ante el propio gobierno argentino. No se descarta el inicio de actuaciones ante la jurisdicción arbitral internacional.
En la defensa de sus intereses los minoritarios a través de Aemec contarán con el respaldo del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, así como del Rodolfo Barra, abogado y ex Ministro de Justicia argentino. Rodolfo Barra ha comentado a Legal Today que "El gobierno argentino ha iniciado un proceso de expropiación de las acciones de Repsol en YPF. La expropiación requiere de la previa declaración de utilidad pública y el pago de una justa compensación. La utilidad pública debe ser razonable. En el caso no lo es ya que en la Argentina los hidrocarburos ya son del dominio público provincial, no de los privados".
Continúa diciendo que "su explotación es dada en concesión, y los dos tercios del mercado está dado en concesión a empresas privadas distintas que YPF; el Estado ya posee una empresa de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos, Enarsa, por lo que no se precisaba de la expropiación a Repsol para que el Estado actuase en el mercado; la expropiación alcanza solo a la acciones de Repsol y no de manera proporcional a los otros accionistas de YPF".
