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09/12/2022. 02:54:14

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FUERON CONDENADOS POR NO DISOLVER SA

La defensa de Atutxa, Knörr y Bilbao formulará un incidente de nulidad contra la sentencia del Supremo

EP

La defensa del Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao formulará un incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los miembros de la anterior mesa del Parlamento vasco, por no disolver SA, al entender que el magistrado Manuel Marchena, ponente de la resolución, «debió abstenerse» ya que ocupó en 2003 el cargo de fiscal jefe de la secretaria general técnica del entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y fue «su mano derecha». Este hecho, en su opinión, «invalida la imparcialidad con que actúa la sala».

La defensa de Atutxa, Knörr y Bilbao formulará un incidente de nulidad contra la sentencia del Supremo

Además de esta medida, la defensa de Atutxa, Knörr y Bilbao tienen previsto, como anunciaron el pasado día 16, presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, así como solicitar la suspensión de la ejecución de la sentencia.

   El ex presidente de la Cámara Juan María Atutxa y Kontxi Bilbao comparecieron hoy en una rueda de prensa en Bilbao tras hacerse público el contenido de esta sentencia el pasado miércoles, acompañados del letrado Alberto Figueroa y apoyados por diversos cargos del PNV encabezados por su presidente, Iñigo Urkullu, y EB, como el dirigente vizcaíno Igor Irigoyen. Por su parte, Gorka Knörr, cuya presencia estaba prevista, finalmente no pudo acudir a la comparencia.

   Tanto Atutxa como Bilbao agradecieron el apoyo recibido tanto por parte de sus partidos como de los ciudadanos. El ex presidente de la Cámara vasca repasó los principales pasos registrados desde que en mayo de 2003 "un tribunal cometiera el gravísimo error de adentrarse en algo que correspondía única y exclusivamente a la capacidad de autoorganización de un parlamento".

   Atutxa dijo sentirse "injustamente tratados" por la Justicia y aseguró que reiteran su "firmeza en lo que hicimos, porque no pudimos hacer otra cosa". De este modo, insistió en que "no somos desobedientes, no somos delincuentes, hicimos lo que estuvo en nuestras manos, mantuvimos paralelamente dos dignidades, la personal y la institucional". Según dijo, hacer lo contrario supondría "pisotear" el reglamento de la Cámara y, por tanto, "nuestra propia institución".

   Tras afirmar que "en ningún momento" se han arrepentido, reiteró que "la última palabra está todavía por decir, tiempo al tiempo, porque éste pone a cada uno en su sitió, incluso a los miserables".

   El ex presidente de la Cámara explicó que recientemente han conocido que el ponente del caso en el Tribunal Supremo, Manuel Marchena, "fue nombrado fiscal jefe de la secretaria general técnica del fiscal general el 26 de julio de 2003 y cesado con posterioridad tras la designación del señor Conde Pumpido", por lo que "fue la mano derecha" del entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.

   Por ello, se preguntó "qué imparcialidad cabe esperarse de una persona de esta trayectoria" y que "estuvo haciendo seguimiento, impulsando en aquellas primeras instancias desde el Ministerio fiscal" el caso.

   En cuanto a la posibilidad de que pueda producirse un caso similar por una petición de solicitud de disolución de EHAK, Atutxa indicó que no tiene "nada que sugerir ni recomendar" a la actual presidenta de la Cámara, Izaskun Bilbao, "por cuanto somos mayorcitos y sabemos todos de nuestras obligaciones".

   Por su parte, la parlamentaria de EB Kontxi Bilbao dijo no dudar de que el caso "va a tener un buen final" porque hicieron "lo que teníamos que hacer y con honestidad". De este modo, aseguró que nunca pretendieron "desobedecer" y censuró que "cuando el tribunal hace esta sentencia está metiéndose a juzgarnos en nuestro interior". "Cuando un tribunal se pone por encima de Dios es preocupante", indicó.

   Asimismo, mostró su preocupación por la "confusión" que, a su entender, la Justicia "está provocando en la ciudadanía" y criticó, en referencia a Manuel Marchena, que "cuando una persona íntimamente vinculada al fiscal general, conocedora perfectamente de los hechos, que ha tenido obligatoriamente que participar porque no podía ser de otra manera, sabiendo lo que sabía es capaz de prestarse a ser miembro de un tribunal y además de ser el ponente, eso para la gente normal es hacer trampas".

   "Cuando se es juez y parte, no podemos creer que la Justicia que se nos ha aplicado es imparcial y que sea justa", reivindicó Bilbao, que replicó a las críticas que han recibido por parte de algunos partidos que "no piden otra cosa que ser como cualquier ciudadano y que no se nos esté juzgando por nuestra ideología política, ni por nuestro papel institucional".

   "NO HAN COMETIDO DELITO ALGUNO"

   Tras la intervención de Atutxa y Bilbao, el letrado de la defensa Alberto Figueroa expuso los próximos pasos que adoptarán con el objetivo de obtener "un resultado satisfactorio" que reconozca que no se cometió "delito alguno". Según manifestó, no supone "un planteamiento ilusorio" teniendo en cuenta que en varias ocasiones se han obtenido "el reconocimiento absolutorio".

   Según explicó, la defensa, que cuenta con un plazo de 20 días para comunicar sus iniciativas, presentó el pasado día 17 un escrito ante el Tribunal Superior una aclaración de la sentencia ya que "no determinaba el alcance sobre qué cambios se cernía la inhabilitación" a la que fueron condenados, a pesar de que el Código Penal así lo exige.

   Asimismo, explicó que se presentará recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional atendiendo a la vulneración de "al menos tres derechos" de los ex miembros de la mesa del Parlamento, entre ellos el derecho a la igualdad porque "se ha modificado el criterio de la doctrina precedente", la doctrina Botín, sin "una fundamentación sustantiva y suficiente".

   Además, la defensa considera que se ha vulnerado "un proceso con todas las garantías exigibles" y que "el Tribunal Supremo ha realizado una nueva valoración de la prueba practicada por el TSJPV, lo que está expresamente proscrito en casación". Finalmente, el recurso indicará que se ha vulnerado la presunción de inocencia de Atutxa, Knörr y Bilbao "condenándolos aún cuando de la propia sentencia se deduce la existencia de dudas razonables".

   Por otro lado, solicitará también ante el Tribunal Constitucional la suspensión de la ejecución de la sentencia ya que, según explicó Figueroa, en caso contrario el recurso de amparo "perdería interés y finalidad". Además, apuntó que ya se han presentado con anterioridad nueve recursos ante el Constitucional no resueltos y "cualquiera de ellos podría significar la absolución" de los condenados.

   Finalmente, explicó que la defensa está estudiando la presentación de un incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia del Supremo basada en la Ley Orgánica del Poder Judicial. A través de esta medida, se denunciará la participación en "la sala que juzga y condena" de Manuel Marchena, que a su entender "debió abstenerse" teniendo en cuenta que ocupó desde julio de 2006 el cargo de fiscal jefe de la secretaría general del fiscal general del Estado, "a partir del que tuvo que tener conocimiento previo de la querella que se estaba desarrollando".

   A su entender, se trata de "un caso de libro" ya que Marchena fue además el ponente de la sentencia, lo que "invalida la imparcialidad con que actúa la sala del Tribunal Supremo". Figueroa explicó que no fue recusado previamente porque no se tuvo conocimiento de que ocupó este cargo hasta después de conocer la sentencia, pero que él "debió abstenerse" y por tanto "la sentencia está viciada de la falta de imparcialidad del tribunal que afecta a la tutela judicial efectiva".

   En este sentido, manifestó que "cuando la sala se encuentra dividida casi al 50 por ciento la presencia de una persona que tenía el criterio formado" pudo tener "una incidencia determinante, más aún cuando fue el ponente".

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