Según afirmó el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en su comparecencia parlamentaria, la imagen que el ciudadano tiene de la Justicia no la obtiene directamente, sino muchas veces a través de la percepción recibida de los medios de comunicación o de terceros que actúan como intermediarios entre los tribunales y los ciudadanos, en ocasiones forjada a partir de tópicos alejados de la realidad. Así lo atestigua el que la imagen de la Justicia mejore entre quienes han sido sus usuarios, con relación a quienes sólo mediatamente han tenido contacto con ella.
Sobre este extremo, Carlos Dívar valora que puede ser oportuno recordar un dato interesante, que es el bajo número de reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia que se producen cada año, en comparación con las decenas de miles de asuntos que anualmente ingresan en las oficinas judiciales, un número el de reclamaciones, que, significativamente, destaca por su tendencia negativa: según datos de las Memorias, en 2005 ingresaron 396 reclamaciones por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (de las cuales 181 obtuvieron informe favorable); en 2006, 389 (con 302 informes favorables); en 2007, 241 (con 173 informes favorables) y en 2008, 224 (con 133 informes favorables, en su mayoría por dilaciones y retrasos indebidos de la Justicia). No es un mal dato, en palabras del Presidente del CGPJ, para evaluar el funcionamiento de la Administración de Justicia, desde la apreciación de sus usuarios; y habla muy bien de la calidad de la Justicia española, por mucho que no siempre se desempeñe en las condiciones ideales.
Sin embargo, los principales problemas de la Justicia no son meras cuestiones de imagen. En los órganos jurisdiccionales trabajan cotidianamente decenas de miles de profesionales cualificados, cuyo trabajo no se proyecta a los ojos de los ciudadanos.
Esta realidad no debe servir de excusa, recapacita Dívar, para reconocer que gran parte de la percepción ciudadana se fundamenta en la realidad de una Administración de Justicia necesitada de reformas profundas en algunas de sus estructuras. Es ahí donde se debe poner el acento si se quiere devolver a los ciudadanos la confianza y satisfacción en los tribunales. El Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno de la Justicia, es especialmente sensible a esa problemática, que conoce a través de algunos de sus Servicios. Los propios Órganos Jurisdiccionales son fuente de conocimiento de las necesidades de la Justicia y, en las Salas de Gobierno se recibe información sobre las deficiencias que se observan en todos y cada uno de los partidos judiciales, y de los puntos que requieren una solución para ofrecer una adecuada tutela judicial a los ciudadanos.