El desarrollo de la Ley para de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia ha generado en sus 18 meses de aplicación un total de 69.464 nuevos empleos, entre cuidadores y personal sociosanitario, según los datos de la Secretaría de Estado de Política Social, Familia y Discapacidad.
Así, hasta el 31 de pasado mes de agosto, casi 50.000 personas han percibido una prestación económica de unos 500 euros por atender a un familiar dependiente, y prácticamente la mitad de estos cuidadores (24.090) están dados de alta en la Seguridad Social. Asimismo, y en relación al perfil de estas personas, Valcarce señaló que la mayoría (22.863) son mujeres mayores de 45 años.
Respecto a la financiación de la norma, la secretaria de Estado aseguró que "no habrá recortes", a pesar de la crisis económica, ya que se han destinado los 871 millones de euros previstos en el calendario de aplicación de la norma en 2008 y "se invertirán los 1.200 millones de euros en 2009".
En cuanto a las diferencias en el desarrollo de la ley de dependencia entre comunidades autónomas, Valcarce destacó que Andalucía es la región "con más solicitudes, personas valoradas y personas que reciben los servicios y prestaciones". Por el contrario, la secretaria de Estado, señaló que la Comunidad de Madrid "tiene que hacer más esfuerzo en este sentido" y comunicar el número de personas valoradas, notificadas y atendidas.
"Madrid está en la senda en la que puede alcanzar esa eficiencia, pero tiene que hacer más esfuerzo en favor de los que más lo necesitan", aseveró. "Es una obligación legal y por tanto hay que cumplir la ley, que significa atender a todos los ciudadanos a los cuales la norma les garantiza los servicios y las prestaciones", añadió.
100.000 SOLICITANTES ESPERAN SER EVALUADOS
El 79,27 por ciento de los solicitantes — 345.274 personas de las 564.623 evaluadas– de la Ley de Dependencia tienen ya reconocido su derecho a la prestación y de ellas, más de 100.000 esperan un dictamen y otras 120.000, por no ser grandes dependientes, habrán de esperar a que avance el calendario de aplicación de la norma para recibir ayudas.
Las regiones más retrasadas a la hora de valorar a los posibles dependientes son: Extremadura, que ha estudiado poco más de la mitad de las solicitudes (58,67%), seguida de Baleares (64,08%), Navarra (62,78%) y Cantabria (67,78%).
Con más del 70 por ciento de los casos analizados, se encuentran Galicia (73,42%), Canarias (74,69 por ciento), La Rioja (79,54%), Andalucía (78,76%), Asturias (79,76%), Castilla-La Mancha (84,68%), Melilla (85,95%), Ceuta (87,93%), la Comunidad Valenciana (86,99%) y Aragón (84,11%). A mayor distancia se sitúan Cataluña (96,29%) y Castilla y León, Madrid, País Vasco y Murcia, que prácticamente han valorado el cien por cien de los solicitantes de esta prestación.
En relación al perfil de los demandantes, Valcarce señaló que "hay un claro rasgo de género", ya que el 66 por ciento de los demandantes son mujeres (348.285), de las que la mayoría tiene más de 81 años, y el 34 por ciento son hombres (183.266), y donde las solicitudes se concentran en el tramo de edad de 66 años a más de 81. En este sentido, apuntó que "las mujeres viven más pero con peor salud".
De las 564.623 solicitudes, Andalucía es la comunidad autónoma que más demanda registra con 182.206 (32,27 por ciento), seguida de Cataluña (69.398), Galicia (46.363), Castilla-La Mancha (35.484), Comunidad Valenciana (32.825), Castilla y León (25.432). Por el contrario, La Rioja (6.623) y Cantabria (10.116) han sido las regiones con menos demanda.
En el resto, los datos son los siguientes: Aragón (22.478), Extremadura (22.650), Asturias (20.705), Madrid (16.784), Canarias (15.928), Navarra (15.995) y País Vasco (12.709). Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registraron 837 y 1.174 solicitudes respectivamente.
En lo que se refiere a la evolución mensual de las solicitudes, el informe desprende que la mayor parte se registraron entre los meses de mayo y julio de 2007, periodo que acumuló el 50 por ciento de las mismas.