El Senado aprobó el pasado jueves la tramitación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para incorporar la maternidad y la paternidad entre las causas de suspensión de juicio oral. La toma en consideración de la proposición de ley, impulsada por el grupo parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu, contó con el apoyo de todos los grupos, excepto Ciudadanos.
La baja por maternidad o paternidad como causa de suspensión de una vista está prevista únicamente en los procesos civiles y no en los penales. Esta es una de las reivindicaciones de la Abogacía para favorecer la conciliación en la profesión. Hasta ahora la decisión de continuar o no con un juicio oral ante la petición de los letrados depende de la discrecionalidad de los jueces.
“Dependiendo de la ley o protocolo al que se refiera la Administración de Justicia que tenga que resolver dichas solicitudes, se puede conceder o no la suspensión. Esto provoca una discriminación enorme, así como una desprotección por parte de la Administración en relación con hechos tan bonitos como son la maternidad y la paternidad “, sostuvo la senadora de ERC Elisenda Pérez Esteve.
Los demás grupos, con la excepción de Ciudadanos, que defiende una proposición alternativa alternativa a esta reforma en la que también pide ampliar las causas que permitan suspender el proceso, apoyaron la propuesta de ERC y EH Bildu.
La senadora socialista, María Elena Diego Castellanos, mostró su apoyo a la iniciativa porque puede favorecer la corresponsabilidad. Y denunció que “existe un techo de cristal en el ejercicio profesional de la abogacía en nuestro país. Hasta hoy, el mayor obstáculo al que se enfrentan las mujeres abogadas es la decisión de la maternidad. El decidir ser madres supone en muchas ocasiones un punto de inflexión en la proyección profesional, que queda obstaculizada”.
Diego Castellanos recordó que el Ministerio de Justicia está trabajando en el Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “que va a suponer una transformación integral del proceso penal”.
El senador del PP, Luis Alberto Plaza, también apoyó la iniciativa al entender que favorece la conciliación de la vida laboral y familiar. Y aprovechó para agradecer la labor realizada por abogados y procuradores durante la pandemia y lamentar que no les tuviera en cuenta a la hora de la vacunación preferente.
Esta proposición fue presentada por ERC en 2017 y aprobada por unanimidad. “Quedó pendiente en el Congreso y con la convocatoria de elecciones decayó”, explicó Pérez Esteve, que contó que el origen de esta proposición está en varios casos de discriminación. Y se refirió en concreto al de una abogada de Girona que en 2016 solicitó la suspensión de un juicio oral sobre el procedimiento penal que se le asignó de turno de oficio, cuya fecha era una semana después de su fecha aproximada de parto. La solicitud le fue denegada porque no estaba contemplado por la ley como una causa de suspensión de juicio. “Una respuesta así no tendríamos que permitirla”, dijo la senadora.
