El Consejo de Ministros aprobó el envío a Cortes del Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Su objetivo es establecer el Sistema Nacional de Protección Civil para asegurar la eficacia de las políticas públicas, así como regular las competencias propias de la Administración General del Estado en la materia. Con el Proyecto se incorporan al Sistema Nacional los nuevos instrumentos de asistencia, como la UME y el servicio de emergencias 112; se integra la actividad de los voluntarios y se regulan las lagunas existentes.
El Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que se enmarca en la política de reformas del Gobierno, actualiza el ordenamiento de esta actividad pública a la luz de la experiencia adquirida desde la promulgación de la ley anterior del 21 de enero de 1985, teniendo en cuenta el desarrollo hecho por otras normas estatales y autonómicas, así como la legislación de la Unión Europea y los compromisos asumidos por España en el marco de la cooperación internacional. Según lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas de 2006, el Proyecto introduce un precepto "transversal", por el que todas sus disposiciones y las de su desarrollo posterior se adaptarán a los acuerdos internacionales y a esta normativa.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que en la reforma del Sistema Nacional de Protección Civil figuran con exactitud las competencias de la Administración General del Estado y las competencias en las grandes emergencias de interés nacional. Tal y como aclaró la vicepresidenta, la actual Ley de Protección Civil "es muy anterior al completo desarrollo autonómico y se ha visto superada por la aparición de nuevos agentes e instrumentos. En estos años se han producido cambios fundamentales que tienen que ver no sólo con la delimitación competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, sino la aparición de nuevos medios de actuación ante emergencias como la UME o el servicio del 112, la participación muy amplia de voluntarios en estas materias y el amplio desarrollo reglamentario de los últimos años".
Principales novedades del Proyecto de Ley
Son numerosas las novedades del Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, donde la función se inscribe en el concepto clásico de seguridad pública. Se ha asimilado a "respuesta ante emergencias extraordinarias", para diferenciarla con más claridad de los servicios de coordinación de emergencias ordinarias o urgencias, nacidos en la década de los años 90 cuando se implantó el número telefónico europeo de emergencias 112.
Las cuestiones nuevas en el Proyecto de Ley respecto a la ley de 1985 son las siguientes:
- Regula la Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil.
- Crea instrumentos que refuerzan el objetivo prioritario de prevención ante las situaciones de emergencia:
- La Red Nacional de Información sobre Protección Civil.
- La Red de Alerta Nacional de Protección Civil.
- El Fondo de Prevención de Emergencias.
- Regula las emergencias de interés nacional.
- Impone a los Poderes públicos competentes promover la participación y la formación de los voluntarios de Protección Civil como parte esencial del Sistema Nacional.
- Establece con precisión las competencias de la Administración General del Estado.
- Articula la coordinación del Sistema Nacional con el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (estableciendo el punto de contacto único el Ministerio del Interior).
- Recupera el procedimiento de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil que vendrá a sustituir a los Reales Decretos-ley de medidas extraordinarias.
- Vuelve a inscribir la protección civil en el concepto clásico de seguridad pública.
- Regula con mayor precisión la emisión de alertas a la población civil, que se efectuará a través de la Red de Alerta Nacional de Protección Civil y que se hará por la administración competente en cada caso.
- La ley incorpora las siguientes propuestas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP):
- Realce del papel de los voluntarios de protección civil.
- Inclusión de las competencias sancionadoras de los alcaldes en el ámbito de protección civil, de acuerdo con lo previsto en la legislación específica que les sea aplicable.
- Posibilidad de que los municipios soliciten la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
