El texto supone reconocer que es preciso actuar cuanto antes, pero se centra en la exigencia de más capital en vez de mayor transparencia en la valoración de activos. Es más severo que Basilea III, lo que denotaría que hay un déficit de credibilidad del sistema y podría poner en desventaja a las entidades españolas.
La nueva legislación para el reforzamiento del sistema financiero contenida en el Real Decreto-Ley 2/2011 podría no ser suficiente para que las entidades logren mayores recursos propios, ya que pone el acento en la ratio de capital en lugar de en la transparencia en la valoración de los activos.
La principal novedad de la norma es el aumento del capital principal mínimo exigible a las entidades hasta el 8% de las exposiciones totales ponderadas por riesgo. Además, se establece un recargo de un 2% para aquellas entidades que dependen excesivamente de los mercados mayoristas (un 20 %) y que no tenga una participación relevante (un 20 %) de inversores privados.
El capital principal incluye el capital social, las reservas efectivas y expresas, las primas de emisión, los ajustes positivos por valoración de activos financieros disponibles para la venta que formen parte del patrimonio neto, los intereses minoritarios, los instrumentos financieros suscritos por el FROB y los instrumentos convertibles en acciones antes del 31 de diciembre de 2014. El importe anterior se minorará con los resultados negativos de ejercicios anteriores y las pérdidas del ejercicio corriente -incluidos los ajustes negativos por valoración netos de efectos fiscales- y con los activos inmateriales.
Las entidades deberán cumplir estos requisitos antes del 10 de marzo de este año, con 15 días hábiles para presentar al Banco de España la estrategia del cumplimiento del plan por parte de aquellas entidades que no cumplan la legislación antes de ese día.
Informe del Centro del Sector Financiero de PwC e IE Business School
Según el informe, del Decreto-Ley pueden extraerse conclusiones positivas, como el hecho de que su aprobación significa reconocer que el sistema financiero tiene un problema de credibilidad, condición necesaria para solucionarlo, así como la posible aceleración de la reestructuración de algunas entidades.
No obstante, el estudio concluye que sin un saneamiento real y transparente de los activos será muy difícil la captación de recursos propios por parte de las entidades, ya que esos elementos no saneados pueden impedir que entren inversores en el capital de las entidades y, de hacerlo, sería exigiendo descuentos muy fuertes. "Mientras los balances contengan activos improductivos y no se conozca con exactitud su verdadera naturaleza, el crédito para proyectos rentables seguirá estancado", asegura Luis de Guindos, director del Centro del Sector Financiero de PwC e IE Business School.
El informe indica que el hecho de elevar la ratio de recursos propios por encima del umbral marcado por Basilea III supone, además de un reconocimiento implícito de la falta de credibilidad del sistema en su conjunto, una desventaja para las entidades españolas frente a sus competidores internacionales.
