- Dice que el alto tribunal investiga «un delito que nunca ha existido» y que hay «indicios de su inexistencia»
La Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que perteneció Álvaro García Ortiz, criticó el pasado viernes que el Tribunal Supremo haya dado «carta de naturaleza a una causa general contra» el fiscal general del Estado, poniendo «en el punto de mira a cada uno de los fiscales de España».
A través de un comunicado, recogido por Europa Press, la UPF llega a esta «conclusión tristísima» del «análisis estrictamente jurídico del discurrir de este procedimiento» en el que, «con la excusa de investigar un delito que nunca ha existido, además afloran constantes indicios de su inexistencia».
La asociación, además, critica una serie de resoluciones dictadas por el alto tribunal en el marco de la causa en la que también se investiga a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, Público por una presunta filtración contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En concreto, la UPF carga contra la decisión de la Sala de Apelaciones del Supremo de avalar la entrada y registro en los despachos de García Ortiz y de Rodríguez.
La UPF también lamenta «el clonado indiscriminado del contenido de sus ordenadores y teléfonos profesionales y personales, en un principio de los últimos ocho meses, después corregido unilateralmente» al periodo comprendido entre el 8 y el 14 de marzo de 2024.
«Bajo la consideración de UPF, la Sala tenía la obligación jurídica de examinar los claros contraindicios existentes en este procedimiento que desvirtúan palmariamente cualquier implicación de los fiscales investigados. Recordemos que cinco periodistas de distintos medios (*) confirmaron inequívocamente que habían tenían acceso al email horas e incluso días antes, que el fiscal general del Estado», sostiene.
En contra de una «medida invasiva»
A juicio de la asociación, la Sala «debería haber analizado si el instructor antes de adoptar una medida tan invasiva de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, tenía la obligación de confirmar mínimamente, más allá de elucubraciones subjetivas, la existencia de algún indicio, lo que aquí no acontecido».
En su lugar, sostiene, «se ha limitado a asumir acríticamente, con argumentos generales y sin tener en cuenta el caso concreto, la posición del instructor, avalando así una actuación judicial que supone un precedente muy preocupante para los derechos de los ciudadanos».
Por otro lado, la asociación destaca su «estupefacción» por «los argumentos dialécticos (porque no tienen contenido jurídico) que la resolución desliza para mantener la imputación» tanto de García Ortiz como de Rodríguez.
Por último, la UPF muestra su «satisfacción» por la decisión del juez de archivar de forma provisional el caso para el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), Diego Villafañe. Sin embargo, muestra su «frontal discrepancia» por el hecho de que no se haya decretado el sobreseimiento definitivo.
