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09/12/2022. 14:43:27

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Liechtenstein: ¿es legal robar para probar?

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Alemania debate la validez de la evidencia proporcionada por el chivato financiero  El acaudalado informante era nada menos que un antiguo fugitivo de la justicia española Madrid investiga la pista de 22.1 millones de euros invertidos en el sistema financiero del Principado.

El Principado de Liechtenstein ha subido a la palestra del escándalo internacional y corre el peligro de ser conocido —desde hoy y para siempre— como un refugio distinguido de evasores fiscales y blanqueadores de dinero. El sexto país más pequeño del mundo, incrustado en el corazón de los Alpes, atrae la atención del mundo entero después de que un informante secreto vendiera a Berlín información robada sobre ciudadanos alemanes, y de otras nacionalidades, con cuentas en instituciones financieras del centenario principado.

Liechtenstein evasores fiscales blanqueo dinero

La prensa del mundo entero ha hecho eco de esta noticia. La caza de brujas tributaria ya se ha iniciado y juicios penales por fraude se ciernen sobre miles de personas mencionadas en los archivos del nuevo "garganta profunda" europeo. Sin embargo, en Alemania y otros países, los juristas empiezan a hacerse una interesante pregunta: ¿Son legales las pruebas aportadas por el gobierno alemán?

 ¿Cómo llegó la información a manos del gobierno alemán?

Un profundo reportaje de la revista alemana Spiegel, ha sacado a la luz una serie de datos muy interesantes sobre el espía financiero. Se trata de un conocido estafador, con antecedentes penales por delitos cometidos en España. Según la publicación, la Bundesnachrichtendienst (BND), agencia de inteligencia exterior de Alemania, fue el organismo público que negoció la compra de los polémicos archivos. Todo comenzó cuando Heinrich Kieber contactó a dicha agencia, en junio de  2006. Kieber envió un adelanto de información sobre 1400 alemanes con cuentas en entidades bancarias de Liechtenstein, esto es, 1400 potenciales evasores. Luego de semanas de negociación, el gobierno germano comprobó que los datos proporcionados eran confiables, accediendo a pagar 3.5 millones de euros. 

La noticia causó furor en Alemania, así como en el resto del mundo. En España, por ejemplo, los principales periódicos siguieron el rastro de la existencia de cien ciudadanos españoles en la lista Kieber. El juez Baltazar Garzón, pocas semanas después, inició un procedimiento para congelar las cuentas que esbirros de la banda terrorista ETA mantienen en este pequeño país alpino. El Príncipe de Liechtenstein sostuvo que la investigación alemana no era más que "un ataque gratuito". Una revista suiza catalogó el incidente como un atentado perpetrado al mundo corporativo por parte de un "sistema tributario fundamentalista". Lo cierto es que millones de euros estaban en juego para el fisco alemán. Incluso los principales partidos políticos berlineses se apresuraron a salir en las cámaras para realizar el habitual cruce de acusaciones. 

Sin embargo, Kieber no era ninguna moneda de oro. El acaudalado confidente, hoy conocido con el nombre clave de Henry, era nada menos que un fugitivo de la justicia española. Fue acusado de participar en un millonario fraude inmobiliario realizado en Barcelona en 1996, el cual lo benefició presuntamente con más de 600 mil francos suizos. Kieber huyó a Argentina para luego viajar al Principado alpino a trabajar en el banco LGT, en abril de 2001. Su labor en la entidad financiera fue la de digitalizar los documentos con la información de los clientes, cargo que le permitía tener acceso privilegiado a toneladas de datos sumamente comprometedores. Sin duda, una oportunidad demasiado tentadora para un prófugo de la justicia.

El informante fue finalmente sentenciado en España a un año de cárcel, condena que luego sería rebajada a tres años de libertad condicional. Las autoridades de Liechtenstein no registraron este detalle en su expediente penal. En 2002, Kieber fue despedido y acusado ante la justicia por la entidad bancaria que lo empleó, argumentando robo de información confidencial. Intentó chantajear al gobierno de Vaduz, prometiendo no revelar la información si le otorgaban pasaportes falsos. El principado hizo caso nulo de sus amenazas y rechazó la oferta. El juzgado que conoció la denuncia presentada por LGT lo declaró inocente en enero de 2006.

Todo apunta a que Kieber se dirigió a otros países para negociar su polémica base de datos. Estados Unidos podría haber sido su primer cliente. Por otra parte, en Reino Unido, la administración Blair aceptó la oferta. Londres antepuso, como condición previa al pago del dinero, la efectiva recaudación de los impuestos debidos por los presuntos evasores involucrados. Desafortunadamente para el chantajista, el Reino Unido se empantanó en un largo proceso. Kieber perdió la paciencia, necesitaba el dinero. Es allí cuando decide entablar contacto con el gobierno alemán.

Sin saberlo, el mercader de la información secreta llegaba en el momento preciso. La agencia de inteligencia se encontraba en un periodo de extrema presión. Una comisión del gobierno alemán se encontraba investigando una serie de misiones de espionaje en el extranjero dirigidas por el titular de la BND, Ernst Uhrlau. Incluso se insinúa que el director de inteligencia necesitaba de un hit mediático de estas magnitudes para salvar su imagen. La oportunidad presentada por el chivato financiero no podía ser mejor.

¿Serán válidas estas pruebas en los procesos judiciales seguidos contra los evasores?

En suelo germano se ha iniciado un interesante debate jurídico y ético. ¿Qué credibilidad tienen una base de datos subastada por un conocido estafador y extorsionador? La compra de información robada por parte de los servicios de inteligencia, ¿constituye un procedimiento legítimo de recolección de pruebas? Algunos señalan que las cosas hubiesen estado más claras si la agencia de espionaje se hubiera limitado a contactar al informante con la administración tributaria alemana. Para Thomas Oppermann, titular de la comisión parlamentaria a cargo de investigar el incidente, el BND hizo todo bien. El legislador señaló que "no sólo que tenía derecho a intervenir de esta forma, sino además la obligación de hacerlo".

Sin embargo, para el profesor de Derecho Constitucional, Erhard Denninger, la intervención del servicio de inteligencia deja muchas interrogantes jurídicas. Los organismos de seguridad no están facultados para hacer todo lo que les parezca  conveniente para ayudar a otras agencias del Estado, señaló Denninger. No obstante, el constitucionalista alemán advierte que, bajo las leyes germanas, el BND si que hubiese estado obligado a actuar si fuese verdad que fue contactado por el informante. Otros expertos sostienen que en Estados Unidos, por ejemplo, a este supuesto se le aplicaría la doctrina conocida como "el fruto del árbol venenoso"-metáfora con la que se describe a la información recolectada de forma ilegal-. Este tipo de evidencia, por lo general, no es aceptada por los tribunales americanos, desde que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en la sentencia Silverthorne Lumber Co. v. United States (1920), estableciera que tales métodos probatorios vulneran las garantías procesales previstas en la Cuarta Enmienda de la Constitución.

No cabe duda de que la justicia de los distintos países afectados será la encargada de resolver estas inquietudes. Cabe esperar que, durante los procesos penales iniciados por fraude tributario y otros delitos, la defensa de los acusados se base primordialmente en impugnar la validez de las pruebas presentadas. En Berlín muchos esperan que este asunto llegue ante el tribunal constitucional alemán. Más aún, se han iniciado los primeros procesos judiciales contra la BND. Los abogados de los presuntos parias tributarios han elevado el grito al cielo por lo que consideran una "caza de brujas".

Lo cierto es que los archivos entregados por Kieber contienen una enorme cantidad de información extensamente detallada. Se trata en principio de herencias no declaradas, dinero de corrupción, blanqueo de capitales, activos de organizaciones terroristas, etc. Empresarios, políticos y otros personajes forman parte de la lista. Los procesos indagatorios están en marcha en toda Europa. Este suceso incluso ha sacudido a la opinión pública con respecto de la necesidad imperiosa de exigir mayor transparencia a otros paraísos fiscales como Andorra o Gibraltar. En total, la administración germana desembolsó casi cinco millones de euros. Kieber, hoy resignado a un millonario anonimato, se encuentra bajo protección, viviendo con una identidad falsa en paradero desconocido. Y disfrutando de su dinero.

Todo este despliegue merece, al menos, que se tomen extremas precauciones en el empleo de la evidencia recolectada. Lógicamente, las autoridades españolas encargadas de investigar a los cien presuntos evasores ibéricos deben también extremar medidas. Y con rapidez. Actualmente, Madrid se encuentra tras la pista de 22.1 millones de euros invertidos por ciudadanos españoles en el sistema financiero del Principado. Si no se sigue el sendero de la legalidad, todo, absolutamente todo, puede ser descubierto por los Kieber que abundan en la faz de la tierra.

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