AEMEC, el grupo de accionistas minoritarios, avisa de que una expropiación a Repsol YPF en Argentina atentaría a intereses económicos de muchos particulares que han decidido, dada la solvencia de la energética española, invertir sus ahorros en los valores de la empresa ahora amenazada. Una misión de la Unión Europea llegará esta semana a Buenos Aires para intentar que el gobierno argentino reconsidere el proceso de expropiación a la española Repsol YPF que tanto eco está teniendo en los medios.
Las decisiones del gobierno argentino han provocado ya una caída del valor de la acción del 30%, con el consiguiente perjuicio a los accionistas minoritarios de Repsol, procedentes de diversas nacionalidades, incluidos los accionistas minoritarios argentinos. AEMEC, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios, en su toma de postura permanece ajena a la cuestión de conflictos entre países dado que protege los derechos de todos los accionistas minoritarios de empresas españolas, tengan la nacionalidad que tengan, incluidos los accionistas argentinos.
La mayoría de los accionistas actuales de Repsol compraron sus títulos contando con su participación mayoritaria en YPF, que representa el 50% de su producción de crudo, el 40% de sus reservas y el 25% de su beneficio. Una expropiación o pérdida forzada de la mayoría en YPF supondría una expropiación a cientos de miles de accionistas minoritarios por valor de miles de millones de euros.
AEMEC reclama al gobierno argentino que cumpla con la legalidad nacional e internacional y respete los derechos de los accionistas minoritarios. De lo contrario, la Asociación acudirá a los tribunales de Buenos Aires, Madrid, Bruselas y Nueva York para trata de impedirlo y solicitar, en su caso las correspondientes indemnizaciones millonarias. Desde el punto de vista de AEMEC, los supuestos beneficios que el gobierno argentino afirma que reportaría la expropiación de YPF para el Estado argentino no son ciertos porque prescinden de las probables indemnizaciones elevadas que tendría que afrontar y los costes judiciales que supondrían los procesos.