El tristemente gran año de la crisis se ve refrendado con cifras. Los Registradores, testigos privilegiados en este orden de cosas, han presentado un estudio referente a 2008 que confirma los datos que se ofrecen desde numerosas instancias: el año ha sido bajo en general en lo que a la actividad económica se refiere, y muchas microempresas y PYME han tenido que cerrar.
La crisis económica tiene un plano duro, crudo, que se vive en el día a día de tantas personas a las que les ha truncado la vida. Otro, desde las instancias con responsabilidades legislativas, que tratan de adecuar las leyes a lo que se demanda, como es el caso de la constitución del grupo que redactará la gran reforma de la Ley Concursal. Por último, los Registradores, que van dando cuenta de las diferentes situaciones que vive la empresa, en esa fe pública que les hace saber todo.
La mayoría de las empresas concursadas siguen siendo microempresas y PYME en general, teniendo casi el 37% de ellas un pasivo exigible previo a la entrada en concurso inferior a un millón de euros, según la Estadística concursal de 2008. En comparación con 2007, se observa un crecimiento claro de las cifras patrimoniales medias: los pasivos han pasado de 5,3 a 11,7 millones medios. En cuanto al empleo, más del 92% de las concursadas analizadas tiene menos de 50 trabajadores.
El cambio más sustancial ha sido la distribución sectorial de las actividades ligadas a la construcción y sector inmobiliario, que han pasado de representar, según constatan los Registradores, del 20% en 2007 a casi el 50% en 2008; como consecuencia de la negativa evolución de este sector. La entrada en concurso de grandes sociedades inmobiliarias en 2008 ha hecho que el sector represente el 80% del pasivo de todas las sociedades concursadas.
El sesgo liquidatorio del sistema concursal es estructural y continúa en términos similares a los dos pasados ejercicios, donde el 92% de los procedimientos que iniciaron fase sucesiva derivaron en liquidación, resultado lógico si se tiene en cuenta el mal estado en que las empresas iniciaron el procedimiento, sobre todo en lo relativo a su capacidad para generar recursos que atiendan a sus pasivos (el 70% no podría atender sus deudas en menos de 25 años).
La recuperación del crédito en los convenios se situó, en promedio, en el 55% del pasivo -afirma el documento de los Registradores– y dependió en gran medida de la iniciativa del deudor, cuya propuesta de convenio consiguió alcanzar el acuerdo con los acreedores en el 92% de los casos que finalizaron con el convenio.
La duración de la fase común de los procedimientos fue de 8,2 meses (mediana) en procedimientos abreviados y 10,5 meses (mediana) en los ordinarios. Si el Convenio se alcanza en junta de acreedores, el tiempo entre el inicio de la fase sucesiva y la sentencia de acuerdo fue de 4 meses, por lo que los convenios se aprueban en promedio 16 meses después del inicio del concurso. Por último, las fases de liquidación consumieron un total de 16 y 22 meses respectivamente, para la tramitación abreviada y ordinaria.
