En una administración autonómica se realizó una convocatoria para integrar personal laboral en el cuerpo de funcionarios. Un grupo de funcionarios de carrera impugnó dicha convocatoria, pero dicha reclamación fue denegada, tanto en vía administrativa como de primera instancia judicial, alegándose que no tenían interés legítimo para ello.
En la presente resolución el Tribunal Supremo casa las decisiones anteriores defendiendo que estos funcionarios sí tenían interés en la convocatoria: "pues no es que los recurrentes, como sostiene la resolución estén interponiendo un recurso en salvaguardia de la legalidad, sino que impugnan la orden de integración, en tanto se reconoce a los aspirantes, a todos los efectos, incluidos traslados, ascensos promociones, etc, todo el tiempo que llevan prestando servicios como laborales, computándoselos como si hubieran sido funcionarios".