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02/07/2022. 21:47:01

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Los funcionarios de Estado que sufran violencia en el trabajo tendrán apoyo jurídico

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Los funcionarios de la Administración General del Estado que sufran violencia por razón de su trabajo, recibirán apoyo de tipo médico, psicológico y jurídico y la fijación de actuaciones de los responsables afectados de su Departamento. Esta medida es una de las muchas que se recogen en el Protocolo de Actuación frente a la Violencia en el Trabajo de la Administración General del Estado y los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella, que fue aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros para dar respuesta al acuerdo adoptado el pasado 30 de julio por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El objetivo de acuerdo es poner en práctica la "tolerancia cero" frente a la violencia contra los empleados públicos como consecuencia del ejercicio de sus funciones, para lo que los departamentos de la Administración han comenzado ya a aplicar medidas para prevenir la violencia y apoyar a los empleados públicos víctimas de agresiones.

El Protocolo encuentra su respaldo legislativo en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) de 1995, que incluye expresamente en su ámbito de aplicación a las Administraciones Públicas y que a su vez se referencia al artículo 40.2 de la Constitución, que encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad y salud de los trabajadores.

Tiene el objetivo de proteger a los empleados públicos de la violencia ejercida por los usuarios de servicios, por lo que se incluyen las agresiones que se produzcan en los servicios y también aquellas que se puedan materializar fuera del lugar de trabajo, pero tengan a este como motivo de la agresión. Queda excluida la violencia que se pueda producir entre los propios empleados públicos o aquellas que ejerzan personas que realizan una actividad ilegítima, situaciones ambas que requieren actuaciones distintas.

El Protocolo usa un concepto amplio de violencia que trasciende a la agresión física, ya que incluye conductas verbales o físicas amenazantes, intimidatorias, abusivas y acosadoras.

Plan de igualdad de género en la Administración

En paralelo, el Consejo de Ministros aprobó también el pasado viernes el II Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos. Según informó el Gobierno, dicho Plan pretende combatir la actual situación de las mujeres en la Administración, donde ocupan puestos de menor responsabilidad y retribución. En cuanto a las medidas que lo integran, con carácter general tienen el objetivo de apoyar a las mujeres frente a las situaciones laborales, y también personales y familiares, que condicionan su trabajo y su carrera profesional.

Descendiendo al detalle de las medidas, contemplan:

  • La elaboración de una "Guía de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en la Administración General del Estado".
  • Elaborar un procedimiento en materia de movilidad de las empleadas públicas por violencia de género.
  • Ofrece facilidades a las aspirantes embarazadas o en maternidad para la realización de los cursos selectivos en procesos de acceso al empleo público.
  • Preferencia para la elección de vacaciones de las personas con hijos menores de doce años.

Protocolo frente al acoso sexual en las Fuerzas Armadas

Por último, el Consejo de Ministros aprobó en su última reunión el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, que deriva de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario en las Fuerzas Armadas, del 4 de diciembre de 2014 y de la más reciente Ley Orgánica por la que se aprueba el Código Penal Militar del 14 de octubre de 2015.

Ambas normas tipifican por primera vez, de forma específica, en el ámbito disciplinario y penal militar el acoso sexual y por razón de sexo como conductas constitutivas de infracción disciplinaria y delito.

Además, el Protocolo ha sido impulsado por una Proposición no de Ley aprobada el 28 de abril de 2015 por el pleno del Congreso de los Diputados que insta al Gobierno a la elaboración de un Protocolo de actuación en relación con el acoso sexual, por razón de sexo y profesional derivado de estos en las Fuerzas Armadas.

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