El recorte presupuestario en gasto público que, como saben, alcanza desde los jubilados a los ministros, pasa también por los jueces. A jueces y magistrados el “decretazo” les llueve sobre mojado ya que a la situación que vienen denunciando desde hace años se unió hace poco el malestar por la macrorreforma judicial que ha otorgado, en opinión de un sector, excesivo peso (y no únicamente en lo procesal) a los Secretarios judiciales. Día 8 de junio, huelga. Si será o no masivamente secundada lo sabremos al final de la jornada.
Hace escasas fechas, el Consejo General del Poder Judicial hizo públicos los recortes que van a ser aplicados en su seno en cumplimiento de lo establecido por el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público:
- Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial: 15% de las retribuciones básicas y 10% en cuanto a las retribuciones complementarias.
- Vocales del CGPJ: 10% de sus retribuciones.
- Secretario General: 9% de sus retribuciones.
Asimismo, Carlos Dívar expresó al Gobierno la conveniencia de establecer algún tipo de medida compensatoria ante el efecto que la minoración prevista en el Real-Decreto Ley tendrá para los jueces en prácticas, que cursan sus estudios en la Escuela Judicial del CGPJ, al estimar que el impacto en su reducción salarial es muy superior al resto de la Carrera Judicial.
Las asociaciones judiciales (Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) habían comunicado al Consejo General del Poder Judicial, la necesidad de, ante el Decreto:
- Una nueva Ley de Retribuciones que atribuya las competencias en el orden retributivo al CGPJ con autonomía presupuestaria.
- La solución definitiva a las retribuciones variables pendientes de los años 2009 y 2010 mediante su distribucion lineal.
- Un nuevo sistema de medición de la carga razonable de trabajo de Jueces y Magistrados desligado de cualquier vinculacion con la productividad.
- La reforma del régimen disciplinario con objeto de definir de forma clara las infracciones.
- La revisión de la responsabilidad del Juez a la vista de la nueva Oficina Judicial.
- La revisión del régimen de incompatibilidades.
- La reforma de la retribución de las guardias de acuerdo con la especial responsabilidad del Juez, entre otras.
Por su parte, la progresista Jueces para la Democracia ha hecho público ayer mismo:
- La denuncia del duro golpe que para el Estado social supone el llamado plan de ajuste, en cuanto hace recaer las consecuencias de la crisis financiera sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, hurtando derechos reconocidos legalmente a pensionistas, personas dependientes y desempleados. En la misma medida queda afectada la función pública, pilar esencial de un sistema que debe tener como meta la justa distribución de la riqueza.
- Su preocupación porque las restricciones puedan terminar afectando a umbrales mínimos de eficacia de un sistema judicial ya saturado si finalmente conllevan directa o indirectamente una reducción de las inversiones previstas y necesarias para la nueva organización de la oficina judicial y modernización de la Administración de Justicia, repercutiendo en el servicio público de la justicia.
- La denuncia del incumplimiento de los acuerdos que en materia de incrementos salariales habían alcanzado las administraciones estatal y autonómica con las centrales sindicales.
- Su enérgico rechazo a los recortes retributivos, tras años en los que la función pública ha perdido poder adquisitivo.
