En un desayuno informativo que se mantuvo ayer en la sede del Consejo General del Notariado con motivo de haberse cumplido los 100 primeros días de la gestión al frente del mismo del Presidente del Consejo, Antonio Ojeda, éste ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo adopte las reformas a las que se comprometió con los Notarios hace más de un año, que darían cobertura legal al control de legalidad notarial y a la utilización del Archivo de Revocación de Poderes, para evitar que pueda llegarse a situaciones de inseguridad jurídica.
Notarios y Registradores mantienen, desde hace tiempo, una pugna por el control de ciertos elementos de los actos jurídicos que determinarían, a la postre, la seguridad jurídica.
Lo cierto es que desde inicios del año 2007, con ocasión de la aprobación por parte del Gobierno del Reglamento Notarial, el enfrentamiento se ha recrudecido. Dicho Reglamento ampliaba sensiblemente las competencias de los Notarios como fedatarios públicos, al reforzar la figura del Notario como funcionario y verificador de la legalidad. A partir de la entrada en vigor de dicho Reglamento, la intervención de un Notario en contratos, documentos y escrituras significaría, automáticamente, su validez legal. Ello colisionaría con la función calificadora atribuida por la normativa al colectivo de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
Tras ello, dicho Reglamento fue recurrido ante el Tribunal Supremo. Dicha sede, en una Sentencia hecha pública en mayo de 2008, recortaba algunos de los principales poderes que otorgaba el nuevo Reglamento Notarial a este colectivo. En concreto, anuló 23 artículos, entre los que se encontraba el "control de legalidad" de los Notarios, que otorgaba a los documentos notariales efectos sobre terceros, semejantes a los que tienen Registradores y Jueces.
El Alto Tribunal sentenció que no es semejante "control de la legalidad" que "juicio de la legalidad". Clarificó, además, que el Reglamento ampliaba indebidamente las funciones notariales; porque dotaba a la intervención de un Notario en un contrato, o similares, de una presunción de legalidad que "no puede confundirse con el deber del notario de cumplir las leyes, asesorando y haciendo las advertencias pertinentes".
Posteriormente, el Gobierno se comprometió a intervenir en la situación, para equilibrar la balanza de las funciones de ambos cuerpos (Notarios y Registradores), pero también de otros afectados (Abogados y Gestores Administrativos).
Antonio Ojeda informó ayer de las reuniones mantenidas con el nuevo equipo de Justicia al respecto, dado que, a día de ayer, los Notarios no se sienten satisfechos con la realidad de las gestiones prometidas. Dado que el Supremo razonaba en la Sentencia que anulaba una parte sensible del Reglamento, que determinadas materias debían incardinarse en una norma de rango legal, desde el cuerpo de Notarios se está luchando por incorporar toda esa temática a un Proyecto de Ley.
Por ello, Ojeda ha asegurado que "sólo queda pendiente decidir en qué Proyecto de Ley se incluyen estas reformas, de vital importancia para garantizar a los ciudadanos la adecuada seguridad jurídica. De hecho, ya se ha dado algún caso aislado en que instancias judiciales no han aceptado el control de legalidad ejercido por un notario tomando como argumento la sentencia del Supremo de 20 de mayo de 2008".
