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09/08/2022. 19:43:31

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Luz verde al Anterpoyecto de la LeCrim, que cede la instrucción a los fiscales

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Tal y como se había venido anunciando desde hacía semanas, el Ministerio de Justicia elevó ayer al Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal. En la misma reunión se presentó el Anteproyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía Europea.

Según informó el Ejecutivo, la reforma del proceso penal, impulsada por ambas normas, “cumple dos objetivos”. Por un lado, “armonizar nuestro sistema con el de los países de nuestro entorno, donde la investigación está al cargo del fiscal.” Por el otro, “incorporar a nuestro ordenamiento la nueva figura del Fiscal Europeo”.

Así, con el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal se diseña “un nuevo modelo de proceso penal Constitucional, más acorde y totalmente coherente con la arquitectura del Estado de Derecho que establece nuestra Carta Magna”. La reforma introduce nuevos roles en el marco del proceso penal: la figura del fiscal investigador, la del juez de garantías y la del juez de la Audiencia Preliminar.

De esta forma, la gran novedad que plantea el borrador es que se pasa del juez instructor al fiscal instructor. Los fiscales serán ahora quienes dirijan la investigación con la intervención puntual de un juez de garantías para autorizar las medidas que afecten a derechos fundamentales.

Con la inclusión de estas figuras “se consigue distinguir nítidamente en el marco del proceso las funciones de:

a) Investigar.

b) Tutelar los derechos de los investigados.

c) Decidir sobre la conveniencia de abrir juicio oral y sobre qué pruebas son válidas.

El procedimiento penal, dividido en tres grandes etapas

Por otro lado, el procedimiento penal quedará dividido en tres grandes etapas, la investigación, dirigida por el fiscal; el juicio de acusación, a cargo de la nueva figura del juez de audiencia preliminar; y el juicio oral, donde el acusado ya no tendrá que intervenir al inicio, sino en el turno de prueba de su defensa y cuando considere oportuno.

“Un ejercicio de coherencia institucional”

En la rueda de prensa posterior a la reunión interministerial, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defendió que la reforma integral del proceso penal “es un ejercicio de coherencia institucional y cumple con el mandato de la Unión Europea”.

Campo explicó que la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene tres ejes:

  • La actualización del modelo de enjuiciamiento penal.
  • La incorporación de herramientas de lucha contra la criminalidad.
  • El reforzamiento de las garantías.

El ministro detalló los roles que introduce la reforma: la figura del fiscal investigador, que averigua los hechos criminales; la del juez de garantías, que tutela los derechos de los investigados; y la del juez de la Audiencia Preliminar, que decide sobre la conveniencia de abrir juicio oral y sobre qué pruebas son válidas.

Nuevas herramientas para luchar contra la criminalidad

Respecto a las nuevas herramientas para luchar contra la criminalidad, Juan Carlos Campo señaló que la reforma situará a España a la cabeza en la regulación de las pruebas científicas, la digitalización del servicio de la administración de justicia y de las políticas criminales.

Así, la norma regula “las más avanzadas técnicas de investigación contra el crimen”, como son la prueba científica, el tratamiento automatizado de datos y las búsquedas inteligentes, las investigaciones encubiertas en entornos digitales o la denuncia telemática, así como la mejora de la regulación del ADN.

Un estatuto propio para las víctimas

En cuanto a la ampliación de garantías en el proceso penal, el titular de Justicia señaló que «la víctima ocupa el papel central». Campos también apuntó que las personas con discapacidad y los menores, ya sean víctimas, o testigos, tendrán un tratamiento específico. Así, el texto normativo reconoce a las víctimas un estatuto propio, contemplando un amplio catálogo de medidas para evitar la revictimización e incorporando la justicia restaurativa a la norma procesal. En la misma línea, la nueva ley contempla nuevos mecanismos de protección para menores y personas con discapacidad.

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