Representantes de jueces, fiscales y abogados se reunieron ayer en el Ministerio de Justicia.
Distintos estamentos relacionados con el Derecho expresaron ayer su apoyo a la próxima presidencia española de la UE, que se prolongará los seis primeros meses de 2010. La principal misión en materia de Justicia es el impulso del desarrollo de un “Espacio Europeo de Justicia” al servicio de los ciudadanos. Así lo manifestó Juan Carlos Campo Moreno, Secretario de Estado, y quién organizó el encuentro celebrado.
A la reunión en sede ministerial asistieron el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del CGPJ, Miguel Carmona, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, el magistrado del Tribunal Supremo, José Manuel Bandrés y la jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Elvira Tejada.
El Secretario de Estado informó del programa de la Presidencia, pidiendo, a la vez, la colaboración de las instituciones representadas en el encuentro; con el fin de llevar a buen puerto las acciones proyectadas. Asimismo, ha tomado nota de las sugerencias que le han sido hechas por las demás instituciones. También recordó los dos principios rectores de la Presidencia: el de igualdad e innovación. Los distintos asistentes coincidieron en que la suma de esfuerzos resultarán fundamentales.
El Programa de la Presidencia hace especial hincapié en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, que se concretaría en adoptar un Plan de Acción para el desarrollo del Programa de Estocolmo; que sustituirá al de La Haya en el segundo semestre 2009; y tratar de sacar adelante el Tratado de Lisboa.
El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, busca garantizar la libre circulación de personas, en un marco de protección al ciudadano.
Se basa en los programas de Tampere (1999-2004) y La Haya (2004-2009), así como en los Títulos IV y VI del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que se refieren a la cooperación policial y judicial penal.
Se ocupa de coordinar aspectos de cooperación judicial civil, penal y policial; así como crear una política común en asilo, inmigración y la lucha contra la delincuencia.
