Asi lo ha indicado la Asociación Española de Abogados Urbanistas a través de su Secretaria General María de los Reyes Rueda Serrano, tras la presentación de la próxima Jornada que celebrará la Asociación en la Feria del Urbanismo y de la Administración Local que se celebrará en Madrid el próximo día 14 de junio.
La misma ha añadido que existía gran incertidumbre y preocupación de muchos propietarios de viviendas que estaban ubicadas en el litoral con anterioridad a la Ley de 1988 y que temían fueran demolidas sus viviendas en pocos años conforme a la anterior Ley.
Maria de los Reyes Rueda recuerda que La Ley de Costas del 1988 supuso la expropiación de bienes de muchas personas que hasta la entrada en vigor de esta Ley eran privados. Se previó la compensación de esta pérdida mediante concesiones de 30 años. Y ahora con la nueva normativa se amplia la concesión a 75 años mas para los titulares inscritos en el Registro de la Propiedad, permitiendo además su transmisión.
Añade, según el Gobierno habrá unas 25.000 viviendas a las que se les podra aplicar la nueva concesión. Esto da tranquilidad a muchas familias afectadas que habían mostrado su preocupación y muchas de estas se habían puesto en contacto con la Asociación.
La situación de incertidumbre y preocupación no solo procedía de ciudadanos y familias españolas, sino que España había recibido quejas ante el Parlamento Europeo porque un elevado número de propietarios de esas viviendas eran extranjeros, jubilados ingleses, alemanes, del norte de Europa. Y la Ley de 1988 creaba una gran inseguridad
jurídica dando una mala imagen de nuestro País, como poco serio y contrario a lo que se busca que es recibir turismo extranjero.
Con esta nueva Ley, ha proseguido, se conjuga por un lado los derechos de las personas que tienen inmuebles, construcciones que en su día fueron adquiridas legalmente antes de 1988 y por otro el respeto que se debe tener al litoral costero y por tanto al Medioambiente.
Se incrementan a su vez los mecanismos de prevención, prohibiendo que las obras de mejora de estos inmuebles, impliquen aumento de tamaño, superficie y altura.
La Ley, sin embargo no da amnistía a aquellas viviendas manifiestamente ilegales que asi sean declaradas por Sentencia firme,
las cuales deberán ser demolidas. Respecto a estas, la Administración General del Estado cumplirá con su obligación procediendo a su ejecución apoyando a las Comunidades y Ayuntamientos a encontrar una solución.
Es importante destacar de la nueva Ley, según indica la Secretaria de la Asociación, que dota de mecanismos importantes, como es el poder
suspender en vía administrativa las licencias que concedan los Ayuntamientos que no respeten las distancias legales permitidas, pudiendo actuar antes de que se construya, para evitar situaciones como la sucedida con el hotel Algarrobico en Almería.
Se mantiene la anchura de protección de la servidumbre de los 100 metros. Aunque hay excepciones que se recogen en la Ley.
Se trata de determinadas zonas del litoral donde se reduce de 100 a 20 metros esa protección, de aquellos núcleos aislados que en 1988 no habían tramitado su calificación de suelo urbano y sin embargo existían como tales. Es decir aquellas zonas que estuvieran ya transformadas al 100%, que tuvieran acceso rodado, instalación eléctrica, toma de agua, servio de alcantarillado, etc…que se equiparan a urbano, a los cuales se les aplica la distancia de 20 metros de servidumbre, en lugar de los 100 de los suelos rústicos. Pero con la importante novedad de que se prohibirán expresamente nuevas edificaciones en estas zonas.
Respectos a los chiringuitos que también suscitaba gran preocupación para muchos empresarios y autónomos, ahora se les otorga mayor seguridad, puesto que se les aumenta de 1 a 4 años los plazos de concesión, se les exigirá mas ordenación y deberán responsabilizarse en el cuidado de las playas.
