Las reformas en el régimen de acceso a la abogacía aprobadas por el Consejo de Ministros siembran de dudas a todos los implicados y termina por no contentar a nadie: ni a las universidades ni a los estudiantes, que piden una revisión total de la Ley.
Cuatro serán finalmente las excepciones previstas al régimen de acceso a la abogacía, según aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros. Excepciones con las que se abre un nuevo capítulo de esta polémica Ley y con las que, a la espera de su publicación en el BOE y su desarrollo reglamentario, han surgido nuevas dudas en el acceso.
Entre las excepciones previstas en la nueva normativa, las dos principales novedades son la ampliación del régimen transitorio de dos años a los estudiantes matriculados antes de octubre de 2006, y por tanto, su exoneración completa del sistema de acceso y la exención genérica a todos aquellos licenciados matriculados con posterioridad a octubre de 2006 de la parte teórica del máster.
La primera de ellas parece no causar polémica: todos parecen están de acuerdo en que esta es una medida razonable con la que se pretende corregir, según Máximo Juan Pérez, profesor titular de Derecho civil y Delegado del Decano para el Máster de acceso a la abogacía de la Universidad Autónoma de Madrid, un olvido del legislador dado que "como se deduce de la Exposición de Motivos de la Ley 34/2006, el Legislador sólo pensó en los estudiantes de Derecho cuyo planes de estudios tienen una duración de 5 años, pero se olvidó de los estudiantes de las dobles licenciaturas de 6 años y tampoco tuvo en cuenta a los estudiantes que por compatibilizar estudios y trabajo o por problemas personales diversos no han podido licenciarse en el plazo de 5 años". También favorable se muestra Pere Mirosa, ex decano de la facultad de Esade, para quien el desfase entre la publicación de la Ley y del reglamento había "desajustado los tiempos y había excluido a estos estudiantes, lo que era una barbaridad".
Exención de la teoría
Sin embargo la segunda exención, que exime a todos los licenciados de cursar la parte teórica del máster, ha sembrado millones de interrogantes: ¿tendrán que cursar la parte práctica del máster? ¿Quién gestionará estas prácticas? ¿Se convalidarán a aquellos estudiantes que han realizado el practicum durante la licenciatura? Pero, ¿no discriminaría eso a los licenciados que no lo tienen? ¿Estarán obligados a la realización del examen nacional para conseguir el título para ejercer la abogacía? Preguntas que, a falta de una mayor concreción, han levantado todas las alarmas tanto en las universidades como entre los alumnos.
Los estudiantes se muestran en contra de esta medida: desde ANALAP, la asociación creada por los estudiantes para oponerse a la Ley de acceso, su portavoz José Beceiro ha comentado que "vamos a pedir, en primer lugar, que se excluya la realización del examen, y, en segundo lugar, que se convalide el practicum". Pero, además, piden "una moratoria para revisar de forma completa la Ley, que, creemos, que lo único que hace es evitar la entrada de abogados en los mercados, y es contraria a Europa y a la libre competencia". Por ello, mantienen la movilización general prevista para el 10 de marzo.
Pero las universidades tampoco están satisfechas con la reforma: como afirma Máximo Juan Pérez (UAM), quien se muestra muy crítico con algunos aspectos de la reforma, pues con la misma "se han podido crear hasta cuatro regímenes jurídicos distintos para los estudiantes". A su juicio, la reforma parcial que se aprobó el pasado viernes en el Consejo de Ministros "sitúa a las Universidades ante un escenario de total incertidumbre e inseguridad jurídica, en el que ni siquiera se tiene la certeza de cuál es el papel que representarán las Facultades de Derecho en este proceso, existiendo el riesgo de que se conviertan en simples agencias de colocación de estudiantes en prácticas".
Pero la gestión de las prácticas no es el único problema que plantea la reciente reforma. Como indica el Profesor Máximo Juan Pérez, "en el caso de los estudiantes que quedan a partir de ahora exonerados de realizar la parte teórica del postgrado y, si finalmente tienen que realizar el examen de habilitación nacional, también debería modificarse el sistema de calificación del mismo, pues para el cálculo de la nota del primer ejercicio se toma en consideración la calificación obtenida en el Máster".
Más dudas y más preguntas que se suman a las que ya existían en torno a la realización de los máster como el precio de los mismos – donde cada Comunidad Autónoma deberá fijar una horquilla con unas tarifas mínimas y máximas – o el número de plazas disponibles para estos. Todo ello en un tiempo, en el que, mientras tanto, las colegiaciones siguen aumentado, como ocurre desde 2008, muchos de ellos de profesionales no ejercientes. De hecho, en diciembre de 2011, si situaban en 130.015 abogados colegiados, frente a los 125.208 de 2010.
La opinión de los despachos
Pero, ¿qué piensan los despachos? Juan Martínez Calvo, socio de Deloitte Abogados y Asesores Tributarios, establece que la Ley de Acceso es positiva y que las medidas transitorias que se están aprobando estos días son inevitables". Así lo cree también Javier López, socio del área procesal de Écija abogados, para quien "uno de los problemas tradicionales de la Abogacía española ha sido el exceso de licenciados en Derecho que se generaban anualmente y que el sector no podía absorber. Por ello, y aunque es difícil predecir el futuro, es posible que la reforma provoque que lleguen menos candidatos, pero más preparados y motivados, por lo que merecerá la pena esperar'.
Más crítica se muestra Cristina Mínguez Rubido, directora de Recursos Humanos de Elzaburu, dado que "existe una gran confusión en torno a la entrada en vigor del nuevo régimen de acceso a la abogacía. Esta situación no beneficia en nada a los estudiantes, a las universidades, a las escuelas de práctica jurídica y a los despachos".
