¿Peligran de verdad las pensiones?

"El sistema público de pensiones, en régimen de reparto, está basado en el principio de solidaridad intergeneracional, lo que supone que los trabajadores en activo financian las prestaciones de las personas que están cobrando una pensión. El sistema se sostiene bajo la premisa de que haya una proporción suficiente de trabajadores que cotizan frente al número de pensionistas. En España hemos pasado de tener un ratio de 4 trabajadores por pensionista a finales de los años setenta, a 2,6 en la actualidad y se espera que el mismo sea de 1,2 en las próximas décadas, por lo que el sistema tiene un problema estructural de sostenimiento" nos explica Mariam Cordero, Asociada Senior en PricewaterhouseCoopers.   

En efecto, el Informe hace un llamamiento a ser conscientes de que el sistema público de pensiones en régimen de reparto (donde las prestaciones de los pensionistas se financian mediante las cotizaciones de los empleados en activo) se estableció en un momento del tiempo dado, con unas circunstancias socio-económicas determinadas.

El sistema que ha sido perfectamente viable hasta la fecha (en los últimos años incluso ha habido excedentes que se han canalizado al Fondo de Reserva de la Seguridad Social), previsiblemente no lo será en el futuro debido a la evolución de dichas circunstancias (aumento de la esperanza de vida, índices de natalidad más bajos, retraso en la edad de incorporación al primer empleo, etc.)

Pero, ¿existe alguna posibilidad de que la situación se solucione sin una  intervención en la raíz? Mariam Cordero ve que "el coste de las pensiones en los próximos 40 años se incrementará notablemente según las previsiones de la OCDE, pasando de representar el 8,9% del PIB en 2010 al 15,5% en 2050. Si consideramos los ingresos previstos, el sistema público de pensiones podría ser deficitario a partir del año 2025, considerando incluso la aplicación del Fondo de Reserva. Por lo tanto, para seguir disfrutando de un sistema público de pensiones debemos tomar medidas que nos permitan reducir los gastos, es decir, disminuir el importe y la duración del pago de prestaciones, dado que incrementar las cotizaciones (ingresos) sería un gran coste para las empresas. Las medidas tienen que ser de calado para garantizar la sostenibilidad a largo plazo".   

En estas circunstancias no estamos a solas. De hecho, la Asociada Senior de PwC nos aclara que "la gran mayoría de los países de Europa Occidental se ven afectados por la misma problemática que España y, en los últimos años, forzados por el cuantioso déficit que venía soportando su sistema público de pensiones, han adoptado y siguen adoptando medidas paliativas".   

El Informe de PwC propone, tras un estudio pormenorizado de la situación, de los antecedentes y  de las soluciones que se han tomado en otros países:

• Incremento del período de cotización para tener derecho al 100% de la pensión.
• Aumento del número de años a considerar para el cálculo de la pensión.
• Incremento de la edad de jubilación.
• Revalorización de las pensiones en función de la evolución de la inflación y del PIB.
• Introducción de un mecanismo corrector en el cálculo de la pensión en función de la esperanza de vida y de los recursos del sistema.

Respecto al aumento del número de años a considerar para e cálculo de la pensión, el Informe refleja que en la actualidad son necesarios 15 años para tener derecho al 50% de la base reguladora de jubilación. Por lo tanto, si se redujera dicho porcentaje de base reguladora o se mantuviera el 50% pero se incrementara el número mínimo de años necesarios para tener derecho a prestación se reduciría el gasto en pensiones soportado por el sistema público.

Según estimaciones del Gobierno cada año que se amplía el número mínimo de años para obtener una pensión se obtiene una reducción de 0,2 puntos porcentuales en la cifra de gasto de pensiones sobre el PIB.

Si nos referimos al aumento de edad de jubilación, el texto elaborado por PwC expone que los nuevos estándares de vida (mayor esperanza de vida y mejor estado físico de nuestros mayores) hace posible que pueda extenderse la edad de jubilación hasta una fecha cercana a los 70 años.

Una persona con 65 años todavía puede contribuir satisfactoriamente con su rendimiento a la Sociedad y aligerar la carga económica del sistema. De no adaptar la evolución de la esperanza de vida al pago de prestaciones el sistema se verá avocado a su insostenibilidad, por lo que parece razonable aumentar la actual edad ordinaria de jubilación.

Pero en muchos colectivos, por ejemplo en la Abogacía, hay Mutualidades. ¿El  estado de cosas es asimilable entre el Sistema Público de Pensiones y el  de las Mutualidades Profesionales? Javier López Otaola, Socio del departamento de Consultoría de Previsión Social de PwC y autor del Informe lo descarta. "No, ya que el sistema de financiación de las Mutualidades se realiza bajo el régimen de capitalización y no de reparto, es decir, cada persona recibirá en función de lo que aporte".   

Así que, ¿qué hay de cierto en ese "miedo" que se impone con cierta periodicidad  de que quien no tenga un sistema privado de pensiones puede quedarse a la  hora de la verdad con una capacidad adquisitiva muy mermada? Mariam Cordero nos comenta que "una vez garantizada la sostenibilidad del sistema público de pensiones mediante una reforma que previsiblemente conlleve una reducción de las pensiones públicas, entendemos que es fundamental que se complementen las mismas a través de sistemas de previsión privados, básicamente de ámbito empresarial, de forma que las aportaciones a dichos sistemas sean obligatorias, en línea con lo realizado por otros países como Suecia, Suiza, Italia, Holanda".

¿Quiere ver el Informe completo?