El relato de lo que ha pasado puede comenzarse por una persona anónima, una abogada de Madrid cuyo marido es asesinado a tiros en medio del proceso del divorcio de ambos justo después de recibir él la custodia de la hija; o por una institucional, la Presidenta del Tribunal Constitucional y cuarta autoridad del Estado María Emilia Casas Bahamonde. A ambas mujeres, que en principio no se conocían, las une una amiga y una llamada telefónica.
El artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que el cargo de juez o magistrado es incompatible con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido. El 417.6, que el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado establecidas en el artículo 389 es una falta disciplinaria muy grave.
El artículo 24 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala que los magistrados del Tribunal podrán ser suspendidos, como medida previa, en caso de procesamiento o hasta que se aclare si han incurrido en alguna de las causas de incompatibilidad con el ejercicio del cargo.
Aunque sea discutible el que la Presidenta del Tribunal Constitucional esté inmersa en los supuestos de estos artículos, el grueso de los hechos que a continuación se explicitan los relató el diario ABC el sábado 31 de mayo pasado. Es un asunto que, aparte de la muerte violenta de una persona, que no puede obviarse, tiene elementos de vodevil: el 17 de abril del año pasado, la Presidenta del Constitucional hablaba por teléfono al final del día con una abogada que estaba inmersa en un proceso de divorcio muy enrevesado. Casas estaba al corriente de la situación por una amiga común y, según los datos que han trascendido, en el calor de la conversación la Presidenta le hizo comentarios sobre la valoración jurídica que le merecía el caso, le facilitó los teléfonos de dos abogadas especializadas en malos tratos a mujeres y comentaron por encima cómo podría recuperar la custodia de la hija que había perdido en el proceso de divorcio.
Llegado un punto, María Dolores Martín Pozo, la abogada, le aclaró a María Emilia Casas que a su marido le habían matado, y que a ella misma la estaban investigando. En ese momento, la Presidenta del Constitucional cortó la conversación arguyendo que el tema era demasiado complejo y que no podía ayudar en nada.
La abogada no solo estaba siendo investigada por el asesinato a tiros de su ex marido, Miguel Ángel Salgado Pimentel, de 37 años y director financiero de la empresa de informática DMI Computer, sino que tenía el teléfono intervenido por la Guardia Civil. Los agentes de Homicidios de la Comandancia de Madrid supieron que el asesinado y la abogada se habían cruzado denuncias, sobre todo una en la que él decía que ella le había amenazado de muerte y otra en que ponía en conocimiento de la policía que unos desconocidos le habían echado de la carretera. La titular del juzgado número 5 de Valdemoro, encargada del caso, autorizó los pinchazos de varios teléfonos, entre ellos el de la ex mujer del muerto.
Así se aclaró que la abogada Martín Pozo había contratado a un ex paracaidista de Alcalá de Henares que se llama Charles Michael Guarín para que matase a su marido; ¿a través de quién? del escolta de la actriz Ana García Obregón, Eloy Sánchez Barba.
La Guardia Civil, al darse cuenta de que la interlocutora de una de las conversaciones grabadas era la Presidenta del Constitucional lo pusieron en conocimiento de la juez, quien apartó el tema hasta que se resolviera el crimen.
Con los culpables en la cárcel, la titular del juzgado de Valdemoro redactó una pieza separada dirigida al Tribunal Supremo para aclarar si hay indicios de criminalidad en la actuación de la aforada, a donde llegó el lunes pasado. La exposición razonada se refiere a la existencia de indicios del delito del artículo 441 del Código Penal, que sanciona a los jueces si ofrecen asesoramiento jurídico sobre asuntos en trámite en el órgano judicial al que pertenecen. Este requisito no se cumple en el caso de la Presidenta del Constitucional.
El Tribunal Supremo, en una ponencia del magistrado Manuel Marchena, deberá decidir si estima procedente o no abrir una investigación o lo archiva. La Sala Segunda ha remitido las escuchas al fiscal para que informe sobre competencia del Tribunal, cuestión que es clara por el aforamiento de María Emilia Casas, y el fondo. El fondo es lo más trascendente: dirimir si hay motivos o no para proseguir con la investigación.
Es evidente que la cosa va a quedar así, porque el asunto sobre el que hablaron no estaba en el Constitucional; pero de todos modos es una situación embarazosa que se da en una coyuntura complicada del alto Tribunal.
Resulta tedioso que en medio de todo lo que se habla y analiza en esta temporada sobre la renovación de miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Constitucional, la muerte de García-Calvo y las repetitivas perspectivas políticas de miembros del estamento judicial, salte ahora esto que, aunque visto fríamente se limita a una mala casualidad, llega también en mal momento.
Siempre se ha dicho que ciertas cosas por teléfono no se deben hablar, y es que por la boca muere el pez.
