La Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC), aparte de una profunda modificación en el régimen de sociedades cotizadas en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas, viene a incorporar distintas novedades que son esenciales para las sociedades no cotizadas.
Entre los citados cambios podemos mencionar la celebración exclusivamente telemática de la junta general, la asistencia telemática de los socios a la misma con independencia del tipo societario, la garantía de sus derechos en estos casos, la ampliación de las situaciones de conflictos de interés de los administradores, la competencia para la aprobación de operaciones intragrupo en las sociedades filiales o la redefinición del deber de diligencia.
Todas estas novedades entran en vigor desde el 3 de mayo de 2021, y supondrán un cambio importante tanto en los estatutos como en la forma de funcionar en distintos ámbitos de la sociedad de capital no cotizada.
En el presente dossier que te ofrece Thomson Reuters, pretendemos dar claridad sobre los mismos a través de las preguntas y respuestas que sobre el nuevo texto legislativo podrían plantearse empresas y profesionales.
Tanto los abogados in house como los que asesoran a estas entidades pueden plantearse dudas, a las que se da respuesta en el dossier, como:
- ¿Qué requisitos son necesarios para poder celebrar una junta exclusivamente telemática?
- ¿Puede la cláusula estatutaria imponer que todas las juntas se celebren exclusivamente telemáticamente?
- ¿Qué nuevos motivos de impugnación de acuerdos sociales podrían surgir a raíz de la celebración de estas juntas exclusivamente telemáticas?
- ¿Qué nuevos supuestos de operaciones vinculadas define la ley?
- A raíz de la modificación legal, ¿qué habrá de tenerse en cuenta para la aprobación de una operación vinculada intragrupo por la sociedad filial?
- ¿Qué ocurre con las operaciones realizadas con sociedades dependientes? ¿Son operaciones vinculadas sujetas a conflicto de interés?
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