El 9 de marzo acudiremos a votar para decidir el futuro de nuestro país. Un sinnúmero de promesas electorales inunda los medios de comunicación y los ciudadanos tienen que dilucidar entre diversas propuestas programáticas esgrimidas por los partidos políticos que intervienen en esta lid democrática.
Así las cosas, analicemos cuáles son las propuestas más importantes de los partidos en materia jurídica, debido a las reformas que se vislumbran tras estas elecciones. Muchas de ellas incidirán directamente en el Poder Judicial, en las instituciones gubernamentales, en el modelo de Estado y en la economía, campos en los que desempeñamos nuestra profesión.
El PSOE, por ejemplo, propone garantizar la puntualidad de los juicios y señalamientos, apostando por una mayor especialización de la Audiencia Nacional. Asimismo, planifica una reforma del Código Penal con sanciones para los clientes de la prostitución infantil y el acoso laboral y contractual. Por otro lado, pretende establecer un plazo máximo para la renovación del CGPJ (con el cese automático de sus miembros), creando, además, Consejos de Justicia en las CCAA.
El Partido Popular, por su parte, busca incrementar a 3/5 la mayoría necesaria para reformar las leyes del Tribunal Constitucional y el CGPJ. Además, la reforma de la Ley del Poder Judicial para que los miembros del CGPJ sean elegidos por los jueces, la reducción en un 30% de los tiempos de respuesta de los juzgados y la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal para potenciar su autonomía forman parte de las medidas que el PP pretende aplicar de ganar las elecciones. Los populares destacan en su plan de gobierno la lucha contra la delincuencia, asegurando que garantizarán la seguridad ciudadana mientras refuerzan los instrumentos contemplados en el Estado de Derecho.
Izquierda Unida apuesta por la creación de juzgados de garantías, aumentando, de paso, las competencias del jurado. Por otro lado, propone eliminar la Audiencia Nacional y la elección parlamentaria pura de los vocales del CGPJ. Ampliar el demos mediante una adecuada reforma de la Ley Electoral y promover la Ley de Democracia Participativa y fortalecimiento del movimiento asociativo, son dos de los puntos destacados de su programa legal.
CIU pretende impulsar los juicios rápidos, reforzando las funciones de la Fiscalía. Además, propone modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para aumentar las competencias de la Generalitat. ERC, por su parte, postula que los miembros del CGPJ sean elegidos por Consejos de Justicia de las Comunidades Autónomas. Finalmente, el PNV demanda el gobierno del Poder Judicial por parte del Consejo de Justicia Vasco y que la organización judicial vasca culmine en el Tribunal Superior de Justicia.