Jueces y Secretarios judiciales sostienen una pugna por la coordinación de los señalamientos, que se está dilatando excesivamente, al punto de entorpecer, en ocasiones, a los juicios y vistas. A grandes rasgos, se puede decir que la agenda de señalamientos es el punto de conflicto; ya que, en la práctica, el hecho de que la llevasen los jueces imprimía a la sede el ritmo que estos funcionarios ven mejor en cada momento. La apuesta por los Secretarios Judiciales que se está haciendo desde el Ministerio empaña el clima optimista que había en la judicatura.
La judicatura sigue, desconfiada, los pasos del Ministerio. El control de "su casa" que buscan jueces y magistrados no hace más que dar pasos atrás.
En lo que se refiere a la agenda de señalamientos, el Ministerio de Justicia ha informado a las diferentes asociaciones de jueces que es una cuestión cerrada, tras el acuerdo que se alcanzó en el Congreso de los Diputados. Dicho acuerdo reparte la responsabilidad de los señalamientos entre Secretarios y Jueces, con preeminencia de los primeros; aunque hay temáticas reservadas a los Jueces. En los casos en que corresponde al Secretario la gestión de la agenda, éste está constreñido a respetar aquellos criterios y eventuales instrucciones que el juez vea pertinentes al respecto. Además, hay una cláusula final de salvaguarda, que da al juez el poder de decidir, si piensa que el Secretario no se ha plegado a dichas observaciones.
De todos modos, desde las Asociaciones de Jueces y Magistrados se siente la necesidad de presentar enmiendas al Proyecto de Ley en todas aquellas cuestiones en las que se atribuyen a los Secretarios funciones de carácter jurisdiccional que no les corresponden, conforme a lo que expusieron en la comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso.
Están, además, expectantes acerca de lo que hoy mismo ocurra en la constitución formal de la comisión creada por el Ministerio para la elaboración de la nueva ley de Planta y Demarcación Judicial. Esta comisión tendrá seis meses de un plazo de para concluir sus trabajos, en el curso de los cuales se solicitará la colaboración y opinión de las asociaciones judiciales.
