El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer en el Congreso de los Diputados que encargará a la Comisión de Codificación una modificación del Código Civil, que debe estar lista en seis meses, para que su artículo 92 deje de contemplar el carácter excepcional de la custodia compartida de menores en los casos de separaciones y divorcios.
En una interpelación al Gobierno planteada por UPyD, el ministro ha explicado que es responsabilidad del Ejecutivo mantenerse atento a los cambios que se producen en la sociedad, entre los que figuran los vividos en la estructura de las familias españolas, en las que los padres y madres comparten responsabilidad a partes iguales.
De esta forma serán los jueces, a la vista de las circunstancias de cada caso concreto, quienes determinen cuál es "el modo más eficaz de satisfacer la necesidad del menor de disponer de la presencia de sus progenitores". Es decir, los magistrados deberán decidir si procede una custodia alternada entre los progenitores o una monoparental, así como el periodo que deben permanecer cada uno de ellos con el menor, siempre según lo que aconseje el interés del niño. Actualmente, la custodia compartida se concede exclusivamente si las dos partes están de acuerdo o, en el caso de que la solicite solo una de ellas, si cuenta con el informe favorable del fiscal .
El artículo 92 del Código Civil "acusa todavía la herencia de esas rigideces del pasado" y "no tiene en cuenta ese principio de corresponsabilidad", ha señalado el ministro. En su opinión, el lenguaje también debería evolucionar para en vez de patria potestad hablarse de "responsabilidad o corresponsabilidad parental" y en lugar de guardia y custodia, de "convivencia de los progenitores con sus hijos".
Ruiz-Gallardón ha hecho un repaso a las legislaciones de algunas Comunidades Autónomas para asegurar que, como marca la Constitución, el Gobierno legislará para que exista una normativa "única y nacional" al respecto, en función del compromiso que adquirió el PP en su programa electoral y el que adquirió él mismo en su comparecencia ante al Comisión de Justicia el pasado 25 de enero.
Bebés robados
Por otra parte, y esta misma semana, el ministro en respuesta a una pregunta del diputado del PNV Emilio Olabarria, ha destacado el "sincero afán" del Gobierno "por colaborar en la solución de un drama social y humano como es el de los bebés robados". "La voluntad del Ejecutivo de esclarecer los hechos es inequívoca", ha señalado el ministro, al recordar que se ha solicitado a la Unión Europea que introduzca excepciones en su legislación para facilitar a los ciudadanos el acceso a datos sanitarios cuando su finalidad sea determinar su filiación natural.
Sin embargo, no es posible introducir en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal "notitia criminis" (momento en el que se tiene conocimiento de que se ha cometido un delito) como fecha de plazo de prescripción en esos casos, porque "no es viable jurídicamente" y "cualquier modificación" realizada en ese sentido "supondría", en su opinión, "establecer de facto un régimen de imprescriptibilidad", al mismo tiempo que "dotaría de carácter retroactivo la eventual modificación de una norma con efectos penales".
El ministro ha recordado que en los delitos de especial gravedad cometidos sobre menores el cómputo de la prescripción comienza cuando estos cumplen la mayoría de edad.
