La Directiva deja atrás las disfunciones que se producían por el panorama de tener tantos países sin fronteras, el espacio Schengen de libre circulación, y moneda única en la mayoría; pero donde el inmigrante ilegal podía sortear las legislaciones. De la situación se estaban aprovechando las estructuras peligrosas y multi-función que organizan tráfico de personas. Numerosas instituciones humanitarias denuncian el menoscabo de Derechos Humanos que supone. A favor, tutela judicial y administrativa, límite de la estancia en centros de detención, garantía de la prohibición del uso de la fuerza, visitas de inspectores y obligatoriedad de que los menores no acompañados permanezcan en un entorno adaptado a las edades y con autoridades diferentes de las de inmigración.
La Comisión Europea estima que en la UE hay cerca de ocho millones de inmigrantes en situación irregular. 200.000 fueron arrestados entre enero y junio de 2007, pero menos de la mitad lograron ser repatriados. Entre los que se quedan, aparte de ilegalidad y todo lo que trae detrás, que es ser una sombra, un clandestino; se crean situaciones dramáticas por ser casi irresolubles si el Estado no tiene potestades claras para intervenir. Es una situación en la que pierden todos.
La Comisión Europea inició en 2005 los trámites para dotar al territorio de una normativa común para las repatriaciones de los inmigrantes. No fue, sin embargo, hasta septiembre de 2007 cuando la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Ciudadanía del Parlamento Europeo adoptó un informe en el que el eurodiputado alemán del Partido Popular Europeo Manfred Weber redactó el texto que hoy es el proyecto de Directiva. Al ser un área con procedimiento de codecisión, el Parlamento no se limita a opinar, sino que comparte el poder legislativo en plano de igualdad con el Consejo. Precisamente, y tras la fase cubierta el jueves 22 de mayo, el texto pasa a la votación en el Parlamento. Dado lo sensible de la materia, se espera un debate doloroso aún habiendo estado al final de acuerdo los embajadores de los ventisiete. El tercer y último paso será la aprobación final por cada ministro de Justicia e Interior.
El texto que ha salido adelante y será la Directiva sobre las normas y procedimientos comunes aplicables al retorno de inmigrantes en situación ilegal es más severa que la había sido elaborada por el actual ministro de Exteriores italiano y hasta hace poco comisario europeo Franco Frattini. Esta primera versión de Frattini ponía el límite de internamiento de los inmigrantes ilegales en espera de ser enviados de nuevo a su país en medio año, el lugar del año y medio actual que ha quedado plasmado en el texto definitivo.
La idea central a la hora de la confección del texto era el poder ofrecer una respuesta única a los inmigrantes ilegales en todo el territorio de la Unión, y dejar atrás las disfunciones que se producían por el panorama de tener tantos países sin fronteras, el espacio Schengen de libre circulación, y moneda única en la mayoría; pero donde el inmigrante ilegal podía sortear las legislaciones por ser diferentes entre sí. Este esquivar legislaciones y saltar de un sitio a otro, no tanto por parte del ilegal, quien muchas de las veces está robotizado por mafias; sino las estructuras peligrosas y multi-función que organizan el tráfico ha estado creando situaciones de tráfico de personas. No fue en vano el que jueves pasado el ministro de Política Comunitaria italiano dijese, a propósito de la polémica norma que reinstaura la inmigración ilegal como delito, que su país quiere dejar de ser "la puerta giratoria del Mediterráneo".
Los miembros que hoy por hoy tienen la política inmigratoria más dura son Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido. Las políticas renovadas de Francia e Italia salen al paso de los acontecimientos en sus territorios. La severidad del decreto ley aprobado el miércoles 21 en Nápoles sigue a una oleada de delincuencia violenta desconocida hasta ahora; decreto ley que a su vez ha sido visto como un fruto de la senda de la política en Francia de Sarkozy, quien tras ser la cara seria de las revueltas de octubre y noviembre de 2005 que provocaron toques de queda desconocidos desde la Segunda Guerra Mundial, llegó al Gobierno con un Ministerio de la Inmigración y la Identidad Nacional, fijó cuotas de inmigrantes a expulsar por períodos anuales -25.000 personas en 2007, y 26.000 en 2008-, negó la posibilidad de una regularización masiva y estableció un contrato de integración.
Fueron precisamente Francia e Italia dos de los once países que rechazaron el pasado 7 de mayo la propuesta de Directiva en el Comité de Representantes Permanentes del Consejo europeo que debía aprobar la primera lectura de la Directiva con sus respectivas enmiendas, y que finalmente salió adelante ayer.
Los desacuerdos que motivaron el parón de hace dos semanas fueron cinco, concretamente el plazo de retorno voluntario, que se quería más reducido, las garantías más o menos grandes según los países para los menores en edad escolar y el seguimiento y control de los internados; con la polémica entre autoridades administrativas o judiciales ante una aparente mezcla de las dos en esa fase, el plazo de cadencia para regresar a Europa tras ser expulsado, -cuestión que, aparte de afectar a los derechos humanos, tocaría en su seno a las reagrupaciones familiares- que quedó en cinco años. Por último, la asistencia jurídica gratuita. Las trabas alemanas y austriacas por cuestiones económicas y griegas porque su legislación no recoge este derecho ni para sus propios nacionales llevaron a los gobiernos a establecer que esta asistencia "puede" ser gratuita y no "debe", como se quería al principio.
Ahora además hay otra disfunción, tras haber superado lo anterior; aunque esto no tiene visos de solucionarse, y es que el proyecto de ley para la inmigración ilegal en Italia ha hecho que no haya la misma situación sobre la que se trabajó en las instituciones europeas. Es por ello que el portavoz de Justicia, Libertad y Seguridad del Ejecutivo comunitario solicitó al día siguiente que el ejecutivo italiano remitiese lo antes posible el contenido del proyecto para comprobar si contradecía las normativas comunitarias. Desde Roma sin embargo se defiende con fuerza el derecho a ir por su cuenta en ese sentido porque entienden que se responde a la preocupación de los ciudadanos. El ministro de Interior, Roberto Maroni, recalcó en rueda de prensa que su país "no cederá ni un milímetro"; además de preguntarse "por qué en Francia y Alemania está previsto el delito de la inmigración ilegal y la izquierda no se rasga las vestiduras".
Volviendo a la futura Directiva, se aplicará a los inmigrantes instalados irregularmente en la UE procedentes de países con los que hay acuerdos de readmisión, pero no afectará a aquellos rescatados en pateras. La norma comunitaria evita intervenir en la definición de "ilegalidad" en las legislaciones de cada país, y desde una permanencia ilegal definida con normas domésticas (por ejemplo, el vencimiento de un visado, el vencimiento de un permiso de residencia, la revocación o la retirada de un permiso de residencia, la decisión negativa final sobre asilo, la retirada de estado de refugiado, la entrada ilegal, etc.), se establece un sistema horizontal de reglas de retorno a la patria del inmigrante ilegal.
Una vez que ha sido detenido de acuerdo a las normas nacionales, le amparan dos opciones, bien un retorno voluntario sin más consecuencias; decisión para la que se le da entre 7 y 30 días, bien uno forzoso. Tanto en un caso como en el otro al ilegal se le retiene en custodia en un Centro de Permanencia Temporánea. Allí tiene derecho a recibir una educación y acceder a actividades lúdicas en caso de menores, atención médica, visita de organizaciones de apoyo y ayuda al inmigrante; y, según los países asistencia jurídica gratuita. El tiempo de esta estancia tiene un límite de seis meses, pero puede ampliarse a un año y medio en caso de ser una persona en peligro o peligrosa; o en caso de que el país del inmigrante no coopere con el proceso. Todo esto -centro, períodos y auxilios al retenido- se desarrolla con asistencia de las autoridades tanto judiciales como administrativas.
Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos y Suecia no tienen límite en el plazo de internamiento temporal de inmigrantes antes de repatriarlos, Letonia fija 20 meses y Alemania 18. Los plazos más cortos son los tres meses en Portugal, dos meses en Italia, 40 días en España y 30 días en Francia. La Directiva no obligaría a estos países a ampliar este periodo, pero sí a no sobrepasarlo. Cuando se estaba buscando acuerdo para la directiva, Rubalcaba declaró que España iba a aumentar el plazo de internamiento porque esos cuarenta días se quedaban cortos; con el resultado de que los inmigrantes, al llegar el día número 40 eran automáticamente devueltos a la calle sin completar ningún tipo de trámite, cuestión que no es buena ni para el inmigrante ni para España.
Ha sido enormemente criticada la retención en centros, tanto desde el propio seno de la administración europea como en la calle, con manifestaciones de colectivos ante las sedes. Amnistía Internacional y el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados difundieron un comunicado conjunto que decía que la directiva minará gravemente los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando Manfred Weber ha tenido que explicar su proyecto ha puesto siempre el acento en las condiciones a veces de semiesclavitud en la que deben vivir los inmigrantes ilegales en Europa, que en ocasiones no pueden siquiera acudir un médico por temor a ser expulsados. Sus defensores insisten en general en las garantías que da al inmigrante, al limitar la estancia en centros de detención y garantizar la prohibición del uso de la fuerza, las visitas sorpresa de inspectores europeos en los centros o la obligatoriedad de que los menores no acompañados sean retenidos separados de los adultos, en un entorno adaptado a las edades y con autoridades diferentes de las de inmigración.
El jueves, tras alcanzar el acuerdo sobre el texto definitivo, la presidencia de turno eslovena declaró que la directiva asegurará una visión más armonizada y efectiva sobre los procedimientos de repatriación, respetando los derechos de los nacionales de terceros países en situación ilegal.
