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06/02/2023. 23:44:57

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Sofía Duarte, nombrada directora general de Modernización de la Justicia

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El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, acordó el pasado viernes nombrar directora general de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos a la jurista Sofía Duarte. El Ejecutivo ultima así la perfilación del nuevo organigrama del Ministerio de Justicia.

Consejo de Ministros

Con la creación de la Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos el Ministerio de Justicia pretende profundizar en el proceso de modernización tecnológica de la Justicia española y reforzar áreas de actuación que hasta ahora estaban repartidas en unidades con nivel administrativo de subdirección general.

Una dilatada carrera profesional

Sofía Duarte Domínguez (1958) es licenciada en Derecho y, desde 1988, pertenece al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. En la actualidad desempeñaba su labor en los Juzgados de lo Penal de Sevilla donde estaba destinada desde 1999. También ha sido directora general de la Oficina Judicial y Fiscal en la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y, anteriormente, prestó servicio en la Audiencia Provincial de Huelva, en el Juzgado de lo Social nº 2 de Jerez de la Frontera, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de La Laguna, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 del Puerto de Santa María y en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Corcubión.

ORGA

Entre otras competencias, Sofía Duarte estará al frente de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), un órgano de la Administración General del Estado cuya función es auxiliar a los órganos judiciales y fiscalías en la localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y en el de los delitos económicos más graves en concreto en los relacionados con el artículo 127 bis del Código Penal -tráfico de drogas, blanqueo de capitales, trata de seres humanos, corrupción, grandes estafas, terrorismo, etc.-

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