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25/09/2022. 07:42:08

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Termina un año en el que los trapos sucios no se lavaron en casa

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2008 ha sido especialmente mediático en lo que a la actividad judicial se refiere. Doce meses en los que ha habido una huelga de funcionarios de Justicia que desgastó especialmente al Ministro, un paro de jueces, magistrados y secretarios judiciales, intensa polémica en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y un sorpresivo nombramiento de su Presidente, aderezado con episodios tragicómicos como la Guardia Civil oyendo un pinchazo telefónico donde Emilia Casas aconsejaba telefónicamente a una mujer que se desvelaba después como inductora de asesinato y los fuegos artificiales de Garzón con la Memoria Histórica; que se quedaron en fatuos, y casi se limitaron a certificar que Franco había muerto. Todo ello, con la niña Mariluz recordando, desde su traumática ausencia, que los errores judiciales no son sólo números, sino que tienen cara y ojos.

Termina un año en el que los trapos sucios no se lavaron en casa

"Pleitos tengas, y los ganes", dice una maldición. Un dicho aconseja que "más vale un mal acuerdo que un buen juicio". ¿Acierta la sabiduría popular?. En este año 2008 han saltado al escenario de un modo especial muchas vergüenzas que guardaba la Justicia en el cuarto trastero.

Mariluz y su fatal historia, que el padre valoró para Legal Today, casi ha marcado, involuntariamente, muchas de las noticias ha generado la actividad judicial. No resultan hechos aislados que se haya acelerado el inicio de la puesta en marcha de la Oficina Judicial, revisado la Guía de Criterios del Servicio de Inspección de los Juzgados y que, a pesar de las serenos planteamientos con los que comenzó la andadura del nuevo Consejo General del Poder Judicial; rechazando el acento combativo que tuvo el anterior, en estos momentos esté otra vez de punta con el Ejecutivo por causa de la suave sanción al Juez Tirado.

La pederastia, el llamativo aumento de casos, su reincidencia y la imposibilidad del sistema de abarcarla hizo renacer el debate de la cadena perpetua, medida que defendió Enrique López cuando aún era portavoz del CGPJ en la zona de opinión de Legal Today.

Es de recordar, si de jueces se habla, la intención que mantuvo un cierto tiempo el Ministro de Justicia de suprimir las oposiciones a juez y fiscal, sustituyéndolas por una especie de selección desde las Universidades. Los jueces decanos se pronunciaron al respecto diciendo que "abogamos por el mantenimiento del sistema vigente de ingreso en la Carrera Judicial, debido a que responde a criterios de objetividad, mérito y capacidad, evitando mecanismos arbitrarios y clientelistas en el proceso selectivo".

Casi dos meses de huelga de los funcionarios donde se involucraron alrededor de 9.500 trabajadores de siete comunidades (Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias), las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y los órganos centrales con sede en Madrid, entre ellos la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo; y en el seno de la que se produjeron enormes retrasos en miles del pleitos, dieron como resultado un compromiso de equiparación salarial entre Comunidades con competencias transferidas desde el Estado y las que no.

Otro paro, que no huelga, debido a la indefinición legal que impide llamar así a la interrupción organizada de la actividad de jueces y magistrados se produjo en el mes de octubre donde confluyeron varias zozobras de la Justicia, como la denuncia de la instrumentalización -tal y como lo veía el colectivo de Secretarios Judiciales- del "caso Mariluz", y la injerencia de la política en los juzgados.

Previamente, antes de iniciar las vacaciones de verano, Gobierno y Partido Popular habían pactado el modo de renovar los principales órganos implicados en la Justicia. Salió adelante lo referente al Consejo General del Poder Judicial, con las previsibles anécdotas; no así la parte del Tribunal Constitucional, renovación que está, y seguirá estando por mucho tiempo a no ser que alguien ceda, congelada. La muerte del leonés García-Calvo se antoja, dadas las circunstancias de la sede, semejante a la del personaje montevideano del cuento de Mario Benedetti que le cerraban su bar preferido; quien "tuvo la delicadeza de morirse".

De todos modos, Carlos Dívar y su indiscutible capacidad de gobierno, aceptada por unos y otros es, hasta el momento, un bálsamo para todas estas irritaciones.

Se han acometido grandes reformas legales, desde una batería que permitirá la puesta en marcha de la Oficina Judicial hasta una muy amplia modificación del Código Penal, que instituye unas "medidas postdelictuales", que los jueces tendrán que ser especialmente escrupulosos a la hora de imponer si no quieren maltratar la Constitución más de lo que ya está.

Ha sido también llamativo el esfuerzo de Garzón por judicializar la Ley de la Memoria Histórica, que fue un texto que creó el Ejecutivo para desplegarse por y desde el Ejecutivo. De hecho, serios rumores apuntan a que fue el propio Gobierno quien hizo todo lo posible por desactivar el proceso. A la vuelta de una baja que pidió el mediático magistrado para operarse de las cuerdas vocales, renunció al proceso.

Visto así todo, en conjunto, ¿será cierto que el derecho no tiene ideología?.

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