Tal y como estaba previsto, el Consejo de Ministros acordó ayer solicitar del Congreso de los Diputados autorización para prorrogar el Estado de Alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicha prórroga se solicita hasta las 00:00 horas del día 12 de abril y se someterá a las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.
En la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, señaló que la solicitud será votada mañana y ha confiado en obtener el apoyo de todos los grupos parlamentarios para responder, en la lucha contra el coronavirus, "con fuerza y unidad".
Una vez obtenido el aval del Congreso, para lo que el Gobierno ya cuenta con los apoyos suficientes gracias al respaldo del Partido Popular y de Ciudadanos, un Consejo de Ministros extraordinario, previsto para el próximo viernes, aprobará la extensión efectiva del estado de alarma.
Montero reconoció que continuar en estado de alarma es una medida "drástica" y que el Gobierno es consciente de las "incomodidades, inquietudes, y desazón" que genera para la ciudadanía la situación de confinamiento, pero, añadió, es absolutamente necesario mantenerla como medida de lucha efectiva: "Todos los expertos coinciden y todos los esfuerzos van en la misma dirección, doblegar la curva" de contagios.
La ministra apeló a la "disciplina y esfuerzo demostrados hasta ahora" para seguir cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
20.000 millones en avales para empresas, pymes y autónomos
Además, el Consejo de Ministros aprobó las condiciones para poner en marcha, con 20.000 millones de euros, el primer tramo de la línea de avales a empresas, pymes y autónomos que forma parte del paquete de medidas extraordinarias aprobado el pasado martes.
Montero aseguró que el objetivo de la medida es ayudar al tejido productivo a resistir los efectos negativos de la crisis sanitaria, permitiéndole atender necesidades de financiación derivadas, entre otros, del pago de salarios, facturas y vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.
Los avales tendrán carácter retroactivo para operaciones concedidas desde el pasado 18 de marzo y garantizarán tanto los nuevos préstamos como la renovación de los que ya estaban activos. Concretamente, alcanzarán el 80 % de los nuevos préstamos y renovaciones solicitados por pymes y autónomos, mientras que, para el resto de empresas, cubrirán el 70 % del préstamo nuevo concedido y el 60 % de las renovaciones.
Ayudas para los más desfavorecidos
Por otra parte, el Consejo de Ministros también aprobó un Acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante de los créditos acordados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para la financiación de las prestaciones básicas de los servicios sociales de las comunidades autónomas, diputaciones provinciales, o las corporaciones locales, que tengan por objeto exclusivamente hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del COVID-19 según lo previsto en los artículos 1 y 2 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Se trata de la distribución por comunidades autónomas del Fondo Social Extraordinario dotado con 300 millones de euros aprobado por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
En parecido términos, también aprobó un Acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante de los créditos acordados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para la financiación de ayudas destinadas a garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de centros educativos según lo previsto en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.
El reparto, acordado en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, se trata de 25 millones de euros, destinado a ayudas que garanticen el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
