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25/09/2022. 06:20:38

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Una futura fiscalía europea unificará los criterios nacionales contra los delitos financieros que dañen el presupuesto comunitario

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La investigación, la adopción de medidas urgentes y los recursos ante los tribunales nacionales serán competencia de los Fiscales Europeos Delegados.

Está en creación una nueva fiscalía europea de corte económico para combatir los delitos contra los intereses financieros de la Unión. Será una institución independiente que hará de nexo entre los sistemas penales de los Estados miembros de la UE, cuyas competencias se limitan a las fronteras nacionales, y los organismos de la UE, que no pueden realizar investigaciones penales. Habrá un único Fiscal Europeo que garantizará la uniformidad de planteamiento en todas las actuaciones.

Mapa de Europa con el símbolo del euro

En la actualidad hay un nivel muy desigual de la protección y la aplicación en toda la UE en lo que respecta a la lucha contra el fraude a nivel comunitario. La tasa de enjuiciamientos que llegan a término sobre delitos contra el presupuesto de la UE varía considerablemente de un Estado miembro a otro, con un promedio de sólo el 42,3% de la UE. Muchos casos no llegan a juicio, lo que permite a los defraudadores aprovecharse de los vacíos legales. Aun cuando hay proceso​​, se mueve en una gran disparidad legal entre los Estados miembros en cuanto a la tipificación de los  delitos contra el presupuesto de la UE.

La Oficina del Fiscal Europeo se asegurará de que todos los casos donde haya sospecha de fraude contra el presupuesto de la UE sean  objeto de seguimiento hasta que se esclarezcan, y los implicados sean llevados a juicio. En una reunión de los ministros de Justicia e Interior celebrada ayer en Bruselas, donde participó Alberto Ruiz-Gallardón, se trató acerca de su futura estructura, el control jurisdiccional y las garantías procesales de los menores.

"La Oficina del Fiscal Europeo se asegurará de que a la protección del presupuesto de la UE se le dé prioridad adecuada en toda Europa. Superará la brecha entre los sistemas jurídicos de los Estados miembros en materia penal, cuyas competencias se detienen en las fronteras nacionales, y los  de la Unión, que no se puede llevar a cabo investigaciones penales", ha clarificado Algirdas Šemeta, Comisario antifraude de la UE.

"Mientras tanto, -sigue Šemeta- la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) seguirá haciendo una importante labor contra el fraude en las zonas no cubiertas por la nueva fiscalía": cuando la Fiscalía Europea esté en funcionamiento, la OLAF dejará de realizar investigaciones administrativas sobre fraudes u otros delitos que afecten a los intereses financieros de la UE. Sin embargo, seguirá investigando otras irregularidades como los delitos o faltas graves del personal de la UE que no tengan incidencia financiera.

Estructura

La idea primigenia es que hubiese un único Fiscal Europeo para garantizar la uniformidad de planteamiento en todas las actuaciones. Sería nombrado por el Consejo con el consentimiento del Parlamento Europeo, propuesto por la Comisión Europea. Sin embargo, un grupo de diez países miembros, entre los que se encuentra España, ha defendido una estructura central colegiada, combinada con una máxima descentralización para el ejercicio de la mayoría de las competencias operativas por los Fiscales Europeos Delegados ubicados en cada Estado miembro.

De este modo las actividades de investigación, la adopción de medidas urgentes, las transacciones y el ejercicio de recursos ante los tribunales nacionales recaerán de modo ordinario sobre los Fiscales Europeos Delegados. Según este modelo, el nivel central podría tener competencias de supervisión e incluso dar instrucciones en determinados casos a los Fiscales Europeos Delegados, así como la posibilidad de decidir sobre la jurisdicción nacional donde presentar un caso o acordar el archivo definitivo de las actuaciones.

La Fiscalía Europea estará integrada en los sistemas judiciales nacionales. Los fiscales europeos delegados llevarán a cabo las investigaciones y actuaciones judiciales en el Estado miembro correspondiente, recurriendo al personal nacional y aplicando el Derecho del país.

La estructura entera se basa en los recursos existentes y, por lo tanto, no debería entrañar grandes gastos adicionales: los tribunales nacionales asumirán el control jurisdiccional, lo que quiere decir que las actuaciones de la Fiscalía Europea se podrán recurrir ante ellos.

Los acusados de fraude contra el presupuesto de la UE también disfrutarán de más derechos procesales, como el derecho a recibir interpretación y traducción, a acceder a la documentación del asunto y a contar con un abogado. Además, la Comisión propone que se generalicen determinados derechos ya existentes en algunos países, como el derecho a guardar silencio y a la presunción de inocencia, el derecho a la asistencia jurídica gratuita y el derecho a presentar pruebas y proceder al examen de los testigos.

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