El ejercicio del derecho de defensa ante un procedimiento administrativo sancionador no puede quedar sino condicionado al real y efectivo conocimiento de su inicio por el expedientado a través de las formas legalmente previstas para ello. Hoy se verifica la tendencia de algunas administraciones públicas para la utilización masiva, prioritaria y principal de las notificaciones edictales, pretendiendo la legalidad de esas "notificaciones" sin que en muchos de los casos concurran los requisitos legales previamente dispuestos para ello. No cabe sino invocar indefensión.