En GONZÁLEZ FRANCO asesoramos en materia jurídico penal preventiva en el ámbito del derecho penal económico y de empresa y defendemos a nuestros clientes (personas físicas y jurídicas) en los tribunales por casos de delitos económicos o White collar crime.

Nuestro principal objetivo es adaptarnos al creciente fenómeno delictivo económico, que, por su especial complejidad, requiere de estructuras de un alto nivel de especialización.

Para ello, GONZÁLEZ FRANCO cuenta con un grupo de reconocidos Abogados Penalistas y un área de Investigación y Desarrollo que colabora activamente prestando un asesoramiento permanente de carácter científico, lo que asegura un alto nivel de calidad en la defensa técnica de los intereses de nuestros clientes. En esta Área de I+D participan algunos de los penalistas más renombrados de España, como los Profesores Dr. Dr. h. c. Santiago Mir Puig (Barcelona) y Dr. Dr. h. c. Diego Manuel Luzón Peña (Madrid).

Asimismo, la firma ha creado una nueva división de Defensa penal preventiva de empresas, denominada Corporate Defense, orientada a la protección de las empresas y sus directivos frente a imputaciones penales.

Nuestra finalidad es ser "Counsel of choice" en la materia de derecho penal económico tanto para nuestros clientes como para los despachos nacionales e internacionales con los que mantenemos relaciones estables de colaboración profesional.

ÁREAS DE PRÁCTICA:

• Acuerdos abusivos e infracción de los derechos políticos de los socios
• Administración desleal de sociedades y apropiaciones indebidas
• Blanqueo de capitales
• Cibercrimen (delitos informáticos y en la red)
• Corrupción entre particulares el ámbito privado (pagos ilícitos, etc.)
• Defensa penal de la persona jurídica
• Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
• Delitos contra la propiedad industrial o intelectual (derechos de autor, marca, patentes, etc.)
• Delitos contra la Salud Pública relacionados con la industria farmacéutica o alimentaria
• Delitos contra los derechos de los trabajadores
• Delitos relativos al mercado y a los consumidores (infracciones publicitarias, delitos contra el consumidor, secreto de empresa, insider trading)
• Delitos relativos al urbanismo y/o al medioambiente
• Delitos de revelación de secretos de empresa
• Delitos contra la Administración Pública (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias…). Procedimientos afectantes a personas con cargos públicos
• Estafas en todas sus manifestaciones (cambiarias, financieras, de crédito, de seguro…)
• Insolvencias punibles: alzamientos de bienes,  concursos con implicaciones penales para los órganos de gobierno.